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Que Jalisco no sea Michoacán ni Tamaulipas

Con el vecino estado de Michoacán y con el norteño Tamaulipas, pasó lo que pasa cuando se premia a los deudores que incumplen con los pagos y se les hacen importantes quitas con tal de recuperar algo de lo perdido, ante la irritación de los tarjetahabientes que ajustan su gasto para cumplir con sus acreedores sin facilidad alguna.

Por años en Michoacán las autoridades estatales y municipales dejaron crecer por complicidad y/o omisión la presencia y el poder de las bandas de la delincuencia organizada que fueron arraigando en la sociedad hasta desplazar por completo a la autoridad en un buen número de municipios. Ahí los delincuentes se convirtieron en los que brindaban seguridad y cobraban como impuesto el derecho de piso.

La violencia que generaron los rompimientos y las divisiones del crimen organizado en esta entidad por la disputa de la plaza provocó el hartazgo de los ciudadanos que degeneró en los llamados grupos de autodefensas en 2012, convirtiendo a gran parte del territorio de nuestros vecinos michoacanos en escenarios de guerra civil.

Fue cuando del reforzamiento de la presencia de tropas federales que no lograron parar la descomposición social, se pasó a la decisión de incrementar la intervención desde el centro con el envío de 45 mil 500 millones de pesos y la figura de un comisionado que prácticamente se convirtió en el gobernador de facto.

Esta semana algo similar ocurrió en Tamaulipas donde al menos dos ex gobernadores han sido vinculados al narcotráfico y las olas de severa violencia han ido creciendo año con año, hasta paralizar a una sociedad que el domingo pasado estalló y desafiando las amenazas del crimen organizado salió a la calle a exigir a las autoridades cumplir con su obligación de dar seguridad al ciudadano.

Ante ese reclamo, el gobierno tamaulipeco se reconoció impotente y el gobierno federal tuvo que ir a implementar toda una estrategia de seguridad y de revisión de las policías municipales y estatales.

Sin duda intervenciones que muestran el fracaso de dos gobiernos estatales que terminaron pagando a un alto precio sus gobernados.

Lo sucedido el lunes en Guachinango es una buena llamada de atención para que eso no nos pase en Jalisco. Es momento de voltear de nuevo a los municipios y repensar la viabilidad o no de las más que vulnerables policías municipales no metropolitanas  y el temor de sus alcaldes hasta de reportar la presencia de grupos armados por el temor a las represalias.

Si el esquema de la Fiscalía contemplaba la creación de fuerzas estatales regionales para apoyar a los municipios, urge gestionar recursos para su creación con el muy convincente argumento de que aquí sí se quiere hacer frente a la delincuencia, en coordinación con las fuerzas federales, y no esperar al rompimiento total del tejido social que nos paralice en espera del envío de miles de millones de pesos y de un comisionado.

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