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Información vs autogobierno delincuencial

Ahora que tras la liberación de Sergio Schmidt, la Fiscalía General del Estado reveló que continúan con las acciones para tratar de desmantelar el autogobierno delincuencial que domina buena parte las cárceles de Puente Grande, mucho les podría ayudar toda la información que generó la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2016) que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que dio voz a más de 50 mil reos de 338 cárceles del País, incluidas 25 de Jalisco.

En la encuesta queda claro, entre otras cosas, que son los autogobiernos y el hacinamiento las dos principales problemáticas que tienen en jaque al sistema penitenciario mexicano. 365 de cada mil presos dijeron al INEGI que han sido víctimas de actos de corrupción y abusos al responder cómo viven sus celdas, al opinar de las condiciones de la infraestructura de sus centro penitenciarios en cuanto al acceso a servicios y bienes, y cuando contaron de la violencia entre los internos y los custodios y autoridades de la prisión.

Quedó claro que quienes más sufren de estos abusos son los reclusos pobres que están ahí por delitos menores y por carecer de recursos para pagar abogados. Confesaron ser objeto de explotación, junto con sus familias, de las mafias que controlan las cárceles de las que sacan millonarias ganancias por el control de las tiendas y tráfico de drogas y privilegios. 12 por ciento dijeron compartir cama y cinco por ciento ni siquiera tiene por los niveles de hacinamiento en celdas.

Hoy toca a los gobiernos hacer uso de esta información para recuperar el control de las cárceles. Porque hay que recordar que la Enpol 2016 nace en el contexto de la aprobación en junio de 2016 de la Nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas (LNEP) que debe implementarse de forma gradual con fecha límite en julio de 2020.

Organizaciones de la sociedad civil observadoras y expertas en temas de seguridad propusieron hacer esta encuesta como primer paso para construir el primer Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, y buscar así desmantelar los autogobiernos delincuenciales y se logren modelos de verdadera readaptación social a los infractores.

Es pues momento de tomar decisiones y acciones para dejar de evadir y enfrentar la profunda crisis del sistema penitenciario mexicano, que agrava la inseguridad que en teoría debería ayudar a corregir. Mejorar la seguridad de nuestras ciudades pasa retomar el control de las cárceles y detener a los que se benefician de los autogobiernos dentro y fuera de los complejos penitenciarios, que son hoy fuentes inagotables de recursos que incrementan el poder corruptor y de fuego de los delincuentes libres que tienen a sus socios tras las rejas.

jaime.barrera@milenio.com
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