Radar

Inaceptable 6 meses más de megasueldos

Hace poco menos de un año, a inicios de marzo del 2015, una investigación periodística de MILENIO JALISCO puso al descubierto la discrecionalidad y voracidad en la asignación de sueldos de funcionarios públicos, al revelar cómo los consejeros electorales se autoaumentaron sus percepciones en más de 30 mil pesos.

Como lo he reconocido y resaltado aquí en varias ocasiones, luego de tratar de justificar este muy sigiloso incremento salarial, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), Guillermo Alcaraz Cross, y sus consejeros rectificaron y disminuyeron el porcentaje de aumento en una muestra de sensibilidad a la irritación social que provocó su decisión inicial.

Esa sensibilidad nunca afloró en el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, luego de que también en el mes de abril pasado publicamos que se autoasignó un sueldo de 186 mil pesos, que lo colocaba como el auditor estatal más caro del País, con percepciones mayores a las del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y apenas 22 mil menos que el Presidente Enrique Peña Nieto.

El que en teoría debería ser el mayor vigilante del buen uso de los recursos públicos, se aferró a su megasalario incluso luego de que el mandatario estatal expresó el 26 de marzo del 2015 su repudio al abuso en el pago de sueldos por los escándalos salariales en el IEPCJ y en la ASEJ. Fue ese día cuando anunció la iniciativa para topar los salarios en Jalisco y que nadie ganara más que el gobernador, y que casi 11 meses después por fin llegó la semana pasada al Congreso local.

Pero lo que no se sabía en aquel entonces, es que los abusos salariales no sólo se daban en la Auditoría y en el órgano electoral, sino en muchas otras dependencias y sobre todo en el Poder Judicial, donde incluso hay funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, como el presidente del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Laurentino López Villaseñor, y los seis magistrados, y otra larga lista de 47 funcionarios que ganan más que el gobernador, entre ellos el Presidente del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes, y sus 33 magistrados. Eso sin contar lo que pasa en la materia en los 125 ayuntamientos.

Es decir, no sólo el Auditor ignoró el llamado del Gobernador para terminar con el saqueo del erario vía los megasueldos, sino al menos otras casi cinco decenas de otros servidores públicos. Por ello suena muy poco probable, y hasta ingenuo, lo que planteó la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona Nakamura, de que con la llegada de esta iniciativa al Poder Legislativo, ahora sí estos funcionarios se bajen por iniciativa personal sus injustificadas percepciones.

Lo que más bien habría que hacer es acelerar el tránsito de esta iniciativa de reforma constitucional, que se tardó mucho en llegar al Congreso, y que ahora los Legisladores quieren llevarla hasta julio. Es decir dejar pasar medio año más de desvíos del erario vía nómina, que por donde se vea, debe ser inaceptable.

 

twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com