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Impunidad que paraliza

Qué datos ha confesado Álvaro Córdoba Pérez, el ex director del Seguro Popular y también ex director administrativo de la Secretaría de Salud en el pasado sexenio del panista Emilio González Márquez, encarcelado ya hace casi tres meses acusado de estar involucrado en la adquisición de un servicio informático a la empresa Global Incom, que nunca reunió las características ni la calidad para administrar el padrón de afiliados al seguro popular y que resultó todo un fraude?

¿Hasta qué grado se simuló deliberadamente la compra de un modelo informático de gestión automatizado, cuando en realidad se instaló un simple sistema de administración, para no dejar huella de los millonarios desvíos que hubo en la operación del Seguro Popular, por la falta de controles, en el pago y consumo de medicinas, en la contratación de presuntos servicios de hospitales privados entre los que abundaron familiares de altos funcionarios y mantener un padrón inflado de beneficiados?

¿Cuánto se  ha recuperado de los 326 millones de pesos 545 mil 600 que pagaron por un sistema de cómputo que nunca sirvió para controlar y darle transparencia a este multimillonario sistema público de salud lanzado en el gobierno de Felipe Calderón y que no valía ni la décima parte de esa cantidad?

Las preguntas vienen a cuento porque el desfalco que hubo en el Seguro Popular y en la Secretaría de Salud en general no sólo tiene al borde de la “parálisis” al Hospital Civil, como lo denunció ayer el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla y el director de ese sistema de nosocomios, Héctor Raúl Pérez, sino a toda la Secretaría de Salud.

Y prueba de ello es que el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval reconoció ayer las dificultades financieras en la Secretaría de Salud para cubrir el adeudo de 670 millones de pesos a los Hospitales Civiles, 50 por ciento del cual se ha acumulado justo por los servicios otorgados a los inscritos en el Seguro Popular en los que va de su sexenio.

Por ello se vuelve muy importante saber cómo va en la Fiscalía General la causa penal 47/2015-B que se abrió con la denuncia presentada el año pasado por la Contraloría por este caso. ¿Qué les dijeron a los investigadores de la Fiscalía los dueños de la empresa Global Incom a los que ya visitaron y que en teoría habrían recibido un pago irregular?

Los más interesados en seguir esta denuncia deberían ser los directivos de la UdeG y del Hospital Civil, porque sin duda recuperar algo de esos 326 millones de pesos, en mucho ayudaría a resolver las penurias económicas que están afectando ya la calidad del servicio médico a los sectores más pobres de Jalisco.

El martes más de otras denuncias de las que también podrían recuperar dinero para el sector salud si se rompiera con la inercia impune.

 

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jaime.barrera@milenio.com