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Impunidad no inmuta a diputados locales

La detención y liberación por partida doble del ex secretario del Congreso en la Legislatura LVIII, Octavio Pérez Pozos, a raíz del Caso López Castro, que también generó la orden de aprehensión contra su antecesor Alfredo Argüelles, no sólo sepultó mediáticamente el mensaje y la glosa ciudadana por el segundo informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, sino también un asunto fundamental para frenar tanta impunidad y corrupción en Jalisco.

Me refiero a la visita que hicieron al Congreso local la mañana del jueves pasado los integrantes del Congreso Ciudadano y del Observatorio Legislativo para denunciar que los diputados locales dejaron en el olvido la primera iniciativa ciudadana en la que proponen un nueva Ley de Fiscalización, en la que trabajaron en los últimos dos años y que presentaron desde agosto del año pasado.

Lo más grave es el trato que se les dio a estos activistas sociales a los que ni siquiera se les quería abrir la puerta del Congreso argumentando que ese día iniciaba la glosa del informe. Con ese literal portazo en la cara, los legisladores locales siguen evadiendo un tema central no sólo en el estado sino en todo el país.

Lo peor de todo es que las resistencias para romper con un modelo de fiscalización a modo para la clase política y que les garantiza impunidad absoluta así como el manejo faccioso de la revisión del gasto público, han dominado en la mayoría de los diputados y las diputadas integrantes de la LV Legislatura, e incluso alcanzaron ya a los diputados que abrazaron inicialmente esta iniciativa ciudadana forjada en la plataforma Haz Tu Ley. Me refiero a los legisladores del llamado G9, que integran los diputados del partido Movimiento Ciudadano encabezados por Clemente Castañeda, y por Guillermo Martínez Mora, del Partido Acción Nacional, que tampoco han hecho valer su voz ni expuesto claramente por qué esta iniciativa no llega al pleno para su discusión.

Pero sin duda los que más deben una explicación a los impulsores de esta urgente nueva Ley de Fiscalización y a sus propios electores, son los diputados presidentes de las Comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, y de la de Vigilancia, el diputado priista José Luis Munguía, y al panista Hernán Cortes Berumen, respectivamente, quienes mantienen congelada la iniciativa.

¿Cuáles son los argumentos de cada uno para no turnar la primera iniciativa ciudadana en la historia de Jalisco, de menospreciarla de tal forma y de rehuír un debate fundamental en esta hora crítica de Jalisco y del país? ¿O se trata acaso de una estrategia dilatoria para no tocar más el punto en los seis meses que quedan a la Legislatura que incumplió con su promesa de cambiar la historia de impunidad en el Congreso?

Sus respuestas las esperamos muchos, diputados.

 

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jaime.barrera@milenio.com