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Para que el IJA cumpla su cometido

Además de que urge definir al director del Instituto de Justicia Alternativa, que está acéfalo desde hace más de un año que pidió licencia su fundador Rafael Castellanos, cuando aceptó la invitación del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval para convertirse en fiscal central, hay otros puntos claves que se deben resolver para aprovechar todo el potencial de los métodos alternos de justicia.

Sin duda un buen reinicio sería diseñar una convocatoria abierta para que compitan los que más sepan del tema y que su evaluación sea con criterios claros y transparentes para asegurarnos que llegue el o la mejor, y se supere la discrecionalidad con la que los diputados eligieron en 2011 a Castellanos.

Esa será tarea de los legisladores, en especial de los que integran la Comisión de Justicia, que preside el priista Héctor Pizano, una vez que el actual fiscal central se decida por fin a presentar su renuncia y dejar vacante el puesto. Esperemos que esta vez estén a la altura de este momento crítico para desde el IJA contribuir a avanzar en la estratégica tarea de promover los métodos alternos de justicia, que junto con los juicios orales, quitarían las excesivas cargas a los jueces y ayudaría a revertir la pésima calidad de servicio que recibe la ciudadanía en materia de impartición de justicia.

El ganador de un proceso abierto y vigilado por todos tendrá la suficiente fuerza y legitimidad para poner orden a las disputas internas que han afectado negativamente el funcionamiento del IJA, más allá de su reducción presupuestal del 21 por ciento, de por sí ya grave. Lo último que se supo es que otro de los motivos de restringirles los recursos es porque se estaba abusando en el gasto corriente e incremento de la nómina.

Otra de las tareas urgentes que tiene que llegar a hacer el nuevo responsable del IJA es revisar lo que está pasando en el área de validación, ya que hay serios problemas con los Centros Privados de Mediación y los mediadores certificados.

Los titulares de estos despachos privados se quejan del poco control en las certificaciones. Plantean que en algunos casos prácticamente se regala la autorización y en el caso de los centros bien calificados, se retrasan los convenios y los acuerdos que toman las partes en conflicto no se pueden elevar a categoría de sentencia, lo que provoca que si alguna de las partes incumple, no se puede hacer valer el fallo en los tribunales.

El IJA debe además poner la muestra en la capacitación, certificación y revisión de sus propios mediadores y promover más centros de mediación públicos, como lo son notarías, corredurías y dependencias como el DIF y los ayuntamientos. Hasta hoy sólo Guadalajara se ha acreditado.

El IJA tiene mucho qué hacer también para difundir mejor los beneficios que le puede traer al ciudadano los métodos alternativos de justicia, pero nada mejor para ello que resolver sus ineficiencias actuales que lo único que están provocando es que la gente lejos de ver un camino más fácil lo vea como una opción inútil.

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