Radar

Hola Outsourcing y SAE también huelen mal

Del pago de entre 60 y 100 millones de pesos que reclama la empresa consultora López Castro por haber asesorado al Congreso en el pago de impuestos consiguiéndole un presunto reembolso de 95 millones, que comenté ayer, recibí varias opiniones de usted lector, lectora, que lamentan la falta de investigación y el deslinde de responsabilidades de este caso, que por decir lo menos, ha servido para desviar recursos públicos del Poder Legislativo.

Desde la revisión del contrato en el que se estipula un pago del 30 por ciento del dinero recuperado, lo que debió obligar a licitar el servicio y no contratarlo directamente como lo hizo en la Legislatura LVIII el entonces secretario general del Congreso, el panista Alfredo Argüelles, por instrucciones de la Comisión de Administración, que encabezaba el entonces diputado priista  Jorge Arana, hoy alcalde de Tonalá, hasta la aclaración de si efectivamente se consiguieron esas devoluciones de la Secretaría de Hacienda y la autenticidad de firmas.

Lo peor del asunto es que el caso López Castro no es el único que huele mal. Recordé ayer que inexplicablemente, los entonces diputados de la Legislatura pasada  y hoy actuales dirigentes del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías; del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Vargas; y del Partido Verde, Enrique Aubry, aceptaron esta deuda, pese a que el entonces presidente del Congreso, el priista Roberto Marrufo, canceló el contrato a López Castro y les negó el pago amparado en un documento que asegura le emitió el SAT, donde niega haber hecho los reembolsos que presume la consultora López Castro.

Si esta historia hubiera acabado ahí, seguramente Marrufo habría pasado a la historia como un diputado de excepción que cuidó los dineros de todos y paró el pago de un servicio fantasma, sin embargo terminó pagando 86 millones de pesos por el mismo concepto de recuperación de impuestos. Del 2010 al 2011 se cubrieron facturas por 25 millones de pesos a la empresa Hola Outsourcing; en el 2012, 30 millones a la empresa SAE; y ese mismo año destinaron 31 millones de pesos a un fideicomiso con el mismo fin.

La mejor prueba de que las contrataciones de esas asesorías fiscales hechas en las dos anteriores Legislaturas eran innecesarias y que más bien fueron vistas como una buena coartada para simular corruptelas, es el hecho de que la actual administración del Congreso ha podido con el personal que cuenta tramitar reembolsos similares y estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda.

Tanto del caso López Castro, como del triple pago aprobado bajo la presidencia de Marrufo en el Congreso, hay denuncias penales que prácticamente están paradas en la Fiscalía General del Estado.

El agente del Ministerio Público, pero también el gobierno estatal, tiene en esta enésima historia de corrupción una clara oportunidad de demostrar que no se está del lado de la impunidad y consciente de los altos costos que se pagan cuando los ciudadanos llegan al hartazgo por tanto abuso de la clase política.

twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com