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Falta Ola Outsourcing y SAE

El desistimiento de la empresa consultora López Castro para exigir el pago de entre 60 y 100 millones de pesos fue la mejor prueba que la presunta asesoría al Congreso local en el pago de impuestos y el presunto reembolso de 95 millones, era como dijo el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, en realidad un “robo al pueblo”.

En la operación para que no se consumara este desvío de fondos públicos fue clave la actuación del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, quien advirtió a los representantes de esta fantasmal empresa que existían todos los elementos para proceder legalmente si insistían con el pago.

Con esta solución, sin embargo, se corre el riesgo de dejar impune el ejercicio de delincuencia organizada que orquestaron legisladores y funcionarios del Congreso de la Legislatura LVIII y LIX con quienes se hicieron pasar por asesores fiscales para robar dinero del erario.

A los ladrones que planean un asalto bancario y son detenidos, se les detiene por la intentona, consumen o no el atraco. Esa misma lógica debería imperar en este episodio de corrupción que enhorabuena se impidió.

Salvado el desvío del erario, ojalá no se dé carpetazo a las averiguaciones previas que existen en la Fiscalía General del Estado.

Además, este triunfo parcial en la muy cuesta arriba tarea que tenemos para combatir la impunidad y los manejos corruptos en Jalisco, obliga a que en el Congreso se reabran los casos que son casi gotas gemelas del expediente López Castro:  los pagos millonarios hechos por el mismo concepto a las empresas Ola Outsourcing y SAE.

A estas empresas sí se les hizo el pago por alrededor de 86 millones de pesos por la presumible recuperación de impuestos. Del 2010 al 2011 se cubrieron facturas por 25 millones de pesos a la empresa Ola Outsourcing; en el 2012, 30 millones a la empresa SAE; y ese mismo año destinaron 31 millones de pesos a un fideicomiso por contratos similares al que se firmó con la consultora López Castro.

Como lo mencioné arriba tanto del caso López Castro, como del triple pago aprobado bajo la presidencia del congreso del priista Roberto Marrufo en la Legislatura pasada, hay denuncias penales que prácticamente están paradas en la Fiscalía General del Estado.

Es, pues, momento que el agente del Ministerio Público informe cómo van las investigaciones de estos casos y con qué elementos cuenta para poder reintegrar al erario esa suma millonaria que se pagó a estas dos firmas y que nunca debió darse.

Ojalá que el secretario de gobierno ligue otra buena acción y persuada a los directivos de Ola Outsourcing y SAE que regresen lo que cobraron a menos de que demuestren que en realidad dieron un servicio al Congreso.

Ese reembolso, el que no quede impune la intentona corrupta de ex diputados y funcionarios del Congreso coludidos, y legislar para prohibir la contratación de asesorías fiscales, es lo que queda pendiente para poder cantar victoria.

 

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jaime.barrera@milenio.com