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ERT’s y taxis a segunda vuelta

Ojalá que el nuevo debate por la Ley de Movilidad en el tema de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y taxis, que abrieron las observaciones que hizo el gobernador Jorge Aristóteles a esa norma que aprobaron hace un mes los diputados, vaya más allá de las disputas políticas entre el priista gobierno del estado y el Congreso que domina el partido Movimiento Ciudadano.

De lo observado por el Ejecutivo, coincido y difiero en algunos puntos, y creo que omitió aspectos cuya discusión es indispensable si se quiere  que las ERT’s y la modernización de los taxis amarillos sean un componente que contribuya a construir un esquema de movilidad urbana más sustentable e integral.

En las coincidencias destaco el hecho de que a las ERT no se les permita el cobro en efectivo como lo autorizaron los diputados, y se les limite a que cobren sólo vía tarjetas de crédito y de débito. Este nuevo modelo de servicio de transporte debe diferenciarse de los tradicionales taxis amarillos, entre otras cosas, por el sistema de pago. En ese sentido, estoy de acuerdo también en que en esta reglamentación quede claro que las ERT no pueden ocupar espacios públicos para crear nuevos sitios como lo hacen los amarillos. Esa fue la oferta inicial de los promotores de este modelo así que las nuevas unidades tipo Uber deben estar circulando, guardadas en las casas de sus propietarios o en todo caso en estacionamientos privados que corran por cuenta de los propietarios de esas flotillas. En esta misma lógica, de que el Estado garantice dos servicios diferenciados y para usuarios distintos, considero que se omitió el tema de los modelos permitidos para las ERT. La pretensión original de estos nuevos empresarios del transporte fue que se les permitieran autos de hasta 4 años de antigüedad, pero luego del cabildeo, quedó en cinco años de antigüedad cuando se incorporen y hasta ocho en operación. En el nuevo debate sería oportuno revisar este tema y que los modelos de autos de lujo ofrecidos inicialmente también contribuyan a su diferenciación.

El hecho de que en la Ley observada se haya modificado que los permisos a choferes de taxis no sólo se darían a los que demostraran 10 años de trabajo sino tres, junto a las unidades ERT sin límite, significaría un riesgo de colapsar aún más las vialidades de coches, con el consiguiente aumento de la contaminación. Por eso coincido también con la observación hecha respecto a que sea el Instituto de Movilidad quien determine el número de permisos a otorgar. Desde luego habrá que cuidar la transparencia del proceso para que se haga justicia a los verdaderos y más antiguos trabajadores del volante.

Difiero de la propuesta observada por el Ejecutivo en la que plantea que el fondo del 1.5 por viaje de las ERT vayan a un fondo para víctimas del transporte. Creo que ese costo debe correr a cargo de los transportistas, y que ese impuesto vaya íntegro a un fondo verde para mejorar la calidad del aire, como lo planteaba la iniciativa aprobada.  Veremos en qué queda.

 

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jaime.barrera@milenio.com