Radar

Días contados a la fiscalización facciosa

Desde fines del 2010 he planteado en distintos momentos en este espacio lo nocivo que ha sido para Jalisco la crisis en nuestro modelo de fiscalización y la urgente necesidad de revisar y rediseñar la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), una institución que lejos de cumplir con su obligación de combatir la corrupción y la impunidad, e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, se ha convertido en un obstáculo, dentro y fuera, para avanzar en esos temas en nuestra entidad.

La prueba más clara de ello es la permanencia de su titular, Alonso Godoy Pelayo, en todo este periodo de decadencia y degradación. Sigue ahí pese a que se documentó que recibió millones de pesos de sobresueldos ilegales a todas luces; a que nunca cuestionó el pago de millones de pesos del Congreso a familiares de diputados y a su suegro; a su reiterada humillación a los legisladores, desde cuando ignoró en noviembre de 2012 el acuerdo unánime de que dejara el cargo por falta de confianza y por afectar la imagen del Congreso, hasta burlarse de sus llamados para que rinda cuentas; a que mandó construir un enorme edificio para renovar sus oficinas, sin darle explicaciones a nadie de la justificación de su magnitud ni de los gastos de edificación en un terreno que adquirió a sobreprecio.

El colmo es que no sólo sigue ahí después de todos estos y otros episodios que han dinamitado la credibilidad en la ASEJ, ubicada en los últimos lugares entre todos los órganos fiscalizadores del país, sino que se ha autoasignado un salario de 186 mil pesos mensuales, que lo coloca como el funcionario estatal que gana por arriba del gobernador, y el más caro auditor de México.

Esto ha sido posible porque los dirigentes de la clase política de Jalisco, así como los poderes fácticos que los controlan, están de plácemes con esa fiscalización a modo y facciosa que les sirve para el control de sus adversarios. El síntoma más evidente de esa complicidad es que en las campañas electorales ni un solo candidato a diputado o a alcalde se ha referido al tema.

Otra muestra de esta complicidad son todas las resistencias que ha enfrentado en la actual legislatura, la LX, la iniciativa ciudadana, y otra del CESJAL, para reformar la Ley de Fiscalización.

Por eso en Jalisco pasó de noche el debate central que hubo en México por la crisis de confianza de los ciudadanos a sus gobernantes y que desembocó en una nueva Ley General de Transparencia y un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Ayer en MILENIO RADIO, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, me decía que pese a no tocar el fuero, la nueva Ley Anticorrupción era un gran avance porque dejaría de ser un instrumento de control del poder público contra sus adversarios para convertirse en otro al servicio de la soberanía, de los ciudadanos. “Estamos cambiando de anteojos”, concluyó. Habrá que cobrar caro y ahora sí llamar a cuentas, pues, a los que se resistieron aquí al fin de la fiscalización facciosa que pondrá en jaque el paraíso de impunidad del que tanto medraron en Jalisco.

jaime.barrera@milenio.com

http://twitter.com/jbarrera4