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¿Y a la Corte no le viene ver el caso ASEJ?

El día después del fiasco en que terminó el prometido y fallido compromiso de iniciar el rescate de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) por parte de la Legislatura LXI, dio espacio a muchas reflexiones que habrá que desarrollar para que, pese a lo desalentador del desenlace, no se apague el impulso de participación ciudadana que despertó el frustado relevo en el máximo órgano de fiscalización del Estado.

Cuatro posiciones dominan: a) La de exigir que cuanto antes, aún pese a la época decembrina, los diputados busquen una reivindicación con la emisión de una nueva convocatoria, blindada para que no aborte y garantice la elección de un nuevo auditor pese a no ser un incondicional de los jefes partidistas ni de los poderes fácticos con quien comparten el poder. b) Que la Junta de Coordinación Política del Congreso inicie ya la legislación e implementación del debate de la propuesta de Ley Estatal del Sistema Local Anticorrupción alineado al Sistema Nacional Anticorrupción, a más tardar en julio de 2017. Así como también la gestión de la implementación de las reformas a la actual y fallida Ley de Fiscalización, que sólo engendró un auditor supeditado a los poderes políticos y fácticos que lo sostuvieron con prebendas y canonjías a cambio simular que revisaba sus cuentas. c) Exigir que diputadas y diputados rindan cuentas ya de las más de 200 cuentas públicas congeladas para fincar las responsabilidades que correspondan y se reintegren los recursos robados o mal ejercidos al erario. Y d) Exigir total transparencia y máxima publicidad en la entrega-recepción de la institución ASEJ del cuestionado Alonso Godoy Pelayo, que administró en total opacidad por más de una década, a su incondicional Teresa Arellano, y la exposición pública de su plan anual de auditorías para el 2017.

A la luz de los escándalos de corrupción con los que cerramos el año en los estados donde hubo transición política, como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, no vendría mal preguntarnos si por el cierre de filas de la clase política para evitar el nombramiento de un auditor independiente habría la viabilidad de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión del episodio de la Auditoría Superior en Jalisco.

Guardadas las proporciones, el caso puede ser equiparable al hecho de que el gobierno federal presentó demandas de inconstitucionalidad contra los gobiernos salientes que se apresuraron a nombrar auditores y fiscales anticorrupción a modo que les garantizaran impunidad a las corruptelas que hoy son mundialmente conocidas. Aquí no se trata de un gobierno, sino, más grave aún, de todos los partidos políticos representados en el Congreso los que dieron la espalda a los reclamos de la sociedad civil de construir un Auditoría independiente. ¿Si la Corte hizo caso al gobierno federal e invalidó esas instancias fiscalizadoras apócrifas que sólo pretendían garantizar impunidad, no podrá anular también la imposición de la continuidad corrupta de la partidocracia en la ASEJ que hizo en contra de la ciudadanía jalisciense? Que venga la respuesta de los juristas libres.

jaime.barrera@milenio.com
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