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Lo que Coll se negó a pagar

Preso desde el viernes pasado, al que fue el primer alcalde panista en la historia de Guadalajara, César Coll Carabias, se le acusa en tres distintas denuncias penales por peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, delitos en los que habría incurrido cuando fue titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), puesto que dejó el último día de febrero del 2013.

Cada una de esas denuncias fueron ratificadas ante el ministerio público por el Contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado en el mes de diciembre del año pasado.

La primera fue por 335 mil 634 pesos por la contratación innecesaria y por adjudicación directa de la Empresa RSM Bogarín y Cia, S.C para revisión de expedientes; la segunda por 908 mil 412 pesos que se pagaron por la misma razón y circunstancia a la empresa CID Consultoría Integral para el Desarrollo S.A.; y la tercera por el pago de 2 millones 827 mil 500 pesos, en condiciones idénticas, a la empresa Diáfano S.A. de C.V.

Según consta en actuaciones, de estos pagos injustificados se notificó al propio Coll en 2014, quien argumentó que habían sido legales pero que en el arqueo que hizo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no se pudo acreditar el trabajo de estos proveedores. La conclusión además fue que los presuntos servicios pagados a estas empresas los pudo hacer el personal administrativo de esa dependencia.

Hoy el ex funcionario de la CEA podría obtener la libertad bajo fianza, siempre y cuando garantice el reintegro de estas sumas y obtenga una fianza para enfrentar este litigio en libertad.

Además de estas denuncias contra el también ex alcalde tapatío, en 2014 la Contraloría presentó nueve denuncias más: 2 en contra del Seguro Popular, caso en que se detuvo al ex director Álvaro Córdoba Pérez; 3 contra funcionarios de la ex Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (IPROVIPE),  por lo que se detuvo al ex tesorero Roberto Valle, y existe una orden de aprehensión en contra del ex titular, Jorge Sánchez Martínez; 1 contra el  Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE); 1 contra ex funcionarios de la Contraloría; y otra más por malos manejos en la Secretaría de Cultura.

A la contraloría, pues, le falta presentar muchas denuncias penales más si partimos de los más de 7 mil millones de pesos de gastos no justificados que encontró su titular en sólo el último ejercicio presupuestal del gobierno emilista y donde destacan, por ejemplo, los pagos por los Juegos Panamericanos.

La Fiscalía, mientras tanto, tiene tan sólo en las querellas del 2014, todavía mucho trabajo pendiente si quiere demostrar que el castigo a la corrupción va en serio, sin contar con el medio de centenar más de expedientes contra ex alcaldes, ex diputados y otros ex funcionarios.

Un rezago natural fruto de años de impunidad, cuyos beneficiarios buscarán a toda costa preservar.

 

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jaime.barrera@milenio.com