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¿Con Coll inicia el fin del paraíso de impunidad?

La semana pasada, a propósito de que se dio a conocer el Plan Anticorrupción de la Secretaría de Movilidad, planteé aquí que habría que aprovechar que el tema del combate a la impunidad está también en la agenda nacional y en la municipal, con el inicio aquí de sus administraciones, para de verdad poner fin al paraíso de impunidad en que está convertido Jalisco.

Señalé además que para hacer realidad el combate a la corrupción, jugaban un papel protagónico los procuradores o los fiscales, y concluí con la pregunta de que si a diferencia del Procurador de la pasada administración, Tomás Coronado, y al primer Fiscal del actual gobierno estatal, Luis Carlos Nájera, Eduardo Almaguer sí encontraría la “carnita” para que las denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes prosperen.

Pues bien, el viernes pasado, a poco más de tres meses de haber llegado a la Fiscalía, Almaguer dio cuenta de la detención del primer alcalde panista en la historia de Guadalajara, César Coll Carabias, contra quien pesaban denuncias por peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, delitos en los que habría incurrido cuando fue titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Noticia que se vio eclipsada por la amplia cobertura que se dio al paso del huracán Patricia.

Al día siguiente, el líder estatal del PAN, Gustavo Macías, pidió la renuncia del Fiscal por considerar que la detención era sólo por revanchismo político y por el ejercicio de una “justicia selectiva”. Considero que el reclamo no sólo está fuera de lugar, sino que va en contrasentido de la cruzada anticorrupción dentro y fuera del PAN, que fue bandera de Ricardo Anaya, en la contienda interna que lo llevó a la dirigencia nacional panista.

Los señalamientos contra el ex titular de la CEA forman parte del paquete de 12 denuncias penales que presentó la Contraloría Estatal en el 2014, por las inconsistencias administrativas y financieras encontradas en distintas dependencias en marzo de 2013 que asumió el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval.

Se trata de tres denuncias penales que fueron ratificadas en diciembre de 2014 por el propio contralor Juan José Bañuelos Guardado, y que por motivos de espacio, tendré que detallar hasta en la entrega de mañana.

Se trata pues de denuncias que estaban presentadas en la Fiscalía desde hace casi un año y no de un expediente que se haya integrado de última hora por alguna consigna de carácter político.

En ese sentido representa más bien un signo alentador que abre la posibilidad de que las denuncias por corrupción salgan de los archivos y se empiece a desmontar el reino de impunidad en el que ha florecido una corrupción galopante, que se ha colocado ya como una de las mayores preocupaciones de los jaliscienses. 

 

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jaime.barrera@milenio.com