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#3de3 o el avance de la agenda ciudadana

Cualquier expresión de poder, especialmente la política y gubernamental, nunca concederá espacios por concesión graciosa. Ceden sólo ante la presión de causas bien organizadas y que casi siempre vienen de esferas ajenas a las lógicas de las arenas político-partidistas.

Por eso no es cosa menor la conquista parcial de las organizaciones de la sociedad civil que empujaron la iniciativa #3de3 y que tras una ardua campaña de recolección de firmas en todo el país, entregaron ayer un paquete con más de 291 mil autógrafos de ciudadanos que quieren elevar a rango de ley esta medida.

La Iniciativa #3de3 fue una de las experiencias más rescatables del pasado periodo de campañas electorales, porque puso a prueba el valor de la transparencia de los candidatos que estuvieron en contienda en búsqueda de los votos de los ciudadanos en los comicios del pasado 7 de junio.

Por ello, lo primero que habrá que reconocer al grupo de organizaciones civiles como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano por la Competitividad, a Universidades y a organismos empresariales como la Coparmex y la Concanaco, el haber dado continuidad a ese esfuerzo con la convocatoria abierta de firmas para hacer obligatoria en la ley lo que esta iniciativa dejaba a voluntad de los candidatos: hacer pública su declaración patrimonial, la de impuestos y la de algún eventual conflicto de intereses, que no es otra cosa que dar a conocer si tienen o no participación en alguna empresa o negocio, que pudiera convertirlos en juez y parte en la contratación de servicios por parte del sector público.

La ley exige 108 mil firmas para que pueda ser aceptada en el Poder Legislativo una iniciativa ciudadana, por ello el haber rebasado con creces esa cifra constituye un gran paso para lograr que estos documentos que se pidieron a todos los candidatos a un puesto de elección popular en la elección pasada y que podían o no responder de forma voluntaria, se convierta en un requisito obligado no sólo para aspirantes sino para todo funcionario público.

Toca ahora que el Senado envíe las firmas al Instituto Nacional Electoral para el proceso de validación, luego del cual iniciará el proceso legislativo en el que se discutirá cuando se integre a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

El tránsito de esta iniciativa ciudadana por los sinuosos y accidentados caminos del Poder Legislativo en el que dominan los intereses y las dinámicas del poder y de los partidos no será nada fácil. Hay ya señales claras de cómo desde los sótanos, los poderes fácticos y que controlan la vida interna partidista están ordenando a sus diputados cerrar el paso a estas medidas que amenazan canonjías, privilegios y corruptelas que han disfrutado por décadas.

Lo dicho, será necesario mucha inteligencia y organización desde la sociedad civil para que el poder político ceda y conceda este logro de la agenda ciudadana.

twitter: @jbarrera4
jaime.barrera@milenio.com