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"Cazadelincuentes" en Tlajomulco

Por decir lo menos, es altamente preocupante que el Comisario de la Policía de Tlajomulco, Carlos Burguete, haya salido a decir que felicitaba a los vecinos de Chulavista, por salir a cazar delincuentes armados de palos y cadenas, cansados de tanta inseguridad y por considerar que las autoridades no cumplen su obligación de garantizarles seguridad.

Por donde se le vea, lo que reveló el reportaje de mi compañero Víctor Hugo Ornelas que publicamos en nuestra edición de ayer, es de alto riesgo, de entrada, para los propios vecinos que se exponen a enfrentarse a delincuentes mejor armados, o a generar fricciones con otros vecinos que estén en desacuerdo con este movimiento. Este esfuerzo de organización ciudadana, para tratar de llenar los vacíos de seguridad y de otros servicios por la mala planeación de estos asentamientos, es también al final inútil porque los delincuentes “cazados” y entregados a la policía, son liberados por los jueces por considerar ilegal su detención, sobre todo a la luz del nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin dejar de señalar, la posibilidad de que los mismos grupos delincuenciales los coopten a cambio de “ayudarlos” a estar mejor armados.

Basta voltear a ver lo que pasó con los grupos de autodefensa o policías comunitarias en el vecino estado de Michoacán, y cómo lejos de resolver los problemas de violencia e inseguridad, se agravaron.

Por años en Michoacán las autoridades estatales y municipales dejaron crecer por complicidad y/o omisión la presencia y el poder de las bandas de la delincuencia organizada que fueron arraigando en la sociedad hasta desplazar por completo a la autoridad en un buen número de municipios. Ahí los delincuentes se convirtieron en los que brindaban seguridad y cobraban como impuesto el derecho de piso.

La violencia que generaron los rompimientos y las divisiones del crimen organizado en esta entidad por la disputa de la plaza, provocó el hartazgo de los ciudadanos que degeneró en los llamados grupos de autodefensas en 2012, convirtiendo a gran parte del territorio de nuestros vecinos michoacanos en escenarios de guerra civil.

Fue cuando del reforzamiento de la presencia de tropas federales que no lograron parar la descomposición social, se pasó a la decisión de incrementar la intervención desde el centro con el envío de 45 mil 500 millones de pesos y la figura de un comisionado que prácticamente se convirtió en el gobernador de facto. Aunque hubo grupos con un auténtico afán de defensa a su comunidad, otros fueron creados y financiados por el narco.

Por todo ello, lo que en Tlajomulco tiene que hacer el jefe policial es tener mayor comunicación con estos grupos de ciudadanos activos y organizados, y atenderlos con operativos y patrullajes más oportunos, desde luego acompañado de otras políticas públicas que ayuden a recuperar el tejido social en estos fraccionamientos fallidos.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4