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De la Casa Chicago al Instituto del Migrante Jalisciense

Miguel Castro Reynoso, secretario de Desarrollo Social, salió ayer muy temprano con rumbo a California, Estados Unidos, para además de entrevistarse con el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos Manuel Estrada Solana, y más tarde con Hugo Román, presidente de la Federación de Clubes de Jaliscienses del Sur de California, cumplir con la misión que le encargó su jefe el Gobernador Aristóteles Sandoval: buscar oficinas para instalar a la brevedad el nuevo Instituto del Migrante Jalisciense.

El mes próximo tendrá que hacer otro viaje a Chicago, Illinois, con el mismo objetivo, ya que también ahí el gobierno estatal quiere otra sede para este nuevo instituto, por ser las dos regiones con las mayores comunidades de los 4 millones de jaliscienses de primera y segunda generación que residen en EEUU.

Ayer en MILENIO RADIO, el propio titular de la SEDIS adelantó que la vocación de estas oficinas será la de facilitar trámites que requieran los jaliscienses y que ahora no pueden realizar sin tener que venir a la entidad: actas de nacimiento, de defunción, documentos de compraventa, entre otros servicios. Añadió que servirían para apoyar la gestión que muchas asociaciones de migrantes jaliscienses hacen a favor de sus comunidades de origen y de organizaciones de la sociedad civil.

A lo que habrá que estar atentos es a la justificación a detalle, el costo y el impacto que tendrá esta iniciativa en la política de atención a los jaliscienses avecindados en suelo estadunidense por parte del gobierno estatal, para evitar fracasos y despilfarros en los que ya se ha caído en este tema en el pasado.

Para no ir muy lejos, en el sexenio pasado del panista Emilio González Márquez, se adquirió la llamada Casa Chicago, "para fomentar el intercambio comercial y cultural y acercar a los (entonces) más de 700 mil jaliscienses que viven en el área del medio oeste de EEUU", argumentaron.

La finca ubicada en Melrose Park, una muy buena zona de Chicago, se adquirió en 2009 a un precio de 65.5 millones de pesos (47 millones por la finca; 17 millones en su adecuación; y 1.5 millones en su equipamiento). Y se le ha asignado en promedio alrededor de 8 millones de pesos anuales para su operación año con año.

¿De qué ha servido esa millonaria inversión de recursos públicos? No hay ningún indicador claro para evaluarlo ni nadie ha dado una versión de para qué ha sido útil. Lo peor: en la contraloría estatal investigan desde el año pasado una presunta compra a sobreprecio de la finca y otras irregularidades en los trámites de su adquisición. Mientras tanto, el gobierno estatal espera la autorización del Congreso para venderla.

La definición de la tarea y los objetivos del Instituto del Migrante Jalisciense serán fundamentales para no repetir dispendios ni abusos y apoyar eficazmente a los jaliscienses que con sus remesas dan vida a muchos pueblos de Jalisco.

twitter: @jbarrera4
jaime.barrera@milenio.com