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¿Boomerang en el Poder Judicial?

Destacamos esta semana en MILENIO JALISCO el balance que el lunes hizo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes ante el Consejo de la Cámara de Comercio, sobre el plan anticorrupción que asegura empezó a aplicar con éxito el Consejo de la Judicatura desde hace más de un año.

El cese de 4 jueces y sanciones a 47 más fue el dato duro que dejó a los comerciantes organizados el titular del STJ.

Ayer cuando le pregunté sobre el tema en MILENIO RADIO añadió que ya suman 264 quejas contra otros jueces, y no pudo precisar cuántas sanciones han quedado sólo en amonestaciones y cuántas en suspensiones por seis meses contra los jueces que ya están infraccionados.

Confió además que una vez que a este esfuerzo lo acompañe el nuevo sistema de justicia basado en los juicios orales, el combate a las corruptelas en la impartición y en la administración de justicia será mucho más eficaz.

El caso es que el corte de caja de esta estrategia por tratar de recuperar la credibilidad en la figura de los jueces, ubicados también entre los funcionarios más desprestigiados ante los ciudadanos en todas las mediciones de calidad del servicio público, ha despertado otras dudas fuera y al interior mismo del Poder Judicial.

Ayer, por ejemplo, el secretario de seguridad ciudadana de Lagos de Moreno, Juan Carlos Rodríguez, se dijo sorprendido por la destitución del juez en ese municipio, ya que aseguró, nunca supo de una “mala actuación” del juez.

A la voz de ese funcionario policial, se unieron las de otros jueces que por dudas similares exigen mayor transparencia en el proceso de acusación ya que no se sabe si las investigaciones y las eventuales sanciones parten de alguno de los actores de los litigios, es decir, abogados de los acusados o acusadores, o son de oficio y a iniciativa de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Temen que esta discrecionalidad, se preste más que combatir la innegable corrupción que se da en muchos de los juzgados, se esté actuando con una lógica revanchista, y orientada por la protección a listas de protegidos y combate a los incómodos para los consejeros o algunos magistrados.

Para disipar las versiones de estas argucias y consolidar el plan anticorrupción con el que Vega Pámanes dice estar plenamente satisfecho, vendría bien transparentar cada uno de los expedientes y ponerlos a disposición de los interesados, pero sobre todo de los acusados.

Más aún cuando el propio titular del STJ reconoce que muchos de los jueces a los que se les ha acusado de malas prácticas han acudido ya a otras instancias para solicitar amparos e iniciar litigios laborales en busca de su reinstalación.

Combatir la impunidad y la corrupción en el Poder Judicial, es sin duda plausible, pero será contraproducente para todos como comunidad que el intento se desvirtúe y proteja a los que se quiere expulsar.

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