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Bodas gay

Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco por considerarlo discriminatorio al señalar que un matrimonio sólo puede darse entre un hombre y una mujer. Con ello Jalisco se sumará a la Ciudad de México, Quintana Roo y Coahuila, como entidad en donde se reconocen las bodas civiles entre personas del mismo sexo.

La votación de los 11 ministros fue unánime. Hasta los tres nuevos que no participaron en los anteriores debates en los que la SCJN aprobó las bodas gay, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez y Norma Lucía Piña, votaron a favor del proyecto de sentencia que propuso el ministro José Ramón Cosío, luego de la controversia constitucional que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos  para que en Jalisco se permitieran las bodas gay sin necesidad de amparos.

Pese a las muy respetables resistencias de ciudadanos y organizaciones que han manifestado su repudio a esta decisión, considero que el fallo de la Corte contribuye a la consolidación democrática del país al preservar el derecho de las minorías a la igualdad que se establece en el artículo 1ro de la Constitución, así como a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Los derechos humanos de las minorías no pueden someterse a votación y ese principio fue justamente el que defendió el Estado a través de la Corte. El principio de mayoría en este caso no aplica, son libertades que deben ser tuteladas por la autoridad desde un punto de vista laico. Si desde el punto de vista religioso algunos credos, por más mayoritarios que sean, no permiten matrimonios del mismo sexo que no los compartan ni los celebren, pero tampoco pueden exigir que no sean incluidos como derechos de terceros.

Lo que sí habrá que lamentar es que los ministros le hicieron inicialmente la chamba a los diputados locales, muchos de los cuales rehúyen el debate de este tipo de temas, incluso aquellos que se dicen de izquierda.  En los partidos políticos pesan mucho los sectores que consideran que este tipo de causas no son muy rentables políticamente, menos en un estado mayoritariamente católico. Sin embargo esta discusión, que se dio en la Legislatura pasada con la Ley de Libre Convivencia, que promovió el entonces diputado perredista Enrique Velázquez, se tendrá que retomar cuando en cumplimiento de este fallo de la SCJN, deban reformar el Código Civil, sobre todo ahora que hay voces que sugieren a los diputados locales desacatar a la Corte.  

Por último, aunque el fallo de ayer de la SCJN defiende y privilegia la decisión personal y amplía libertades, no se puede dejar de consignar de los riesgos que se haga costumbre que los ministros legislen. Esa es una labor del Poder Legislativo y no del Judicial. En este caso considero que está justificado por tratarse de la defensa de derechos de una minoría, pero por ningún motivo se deben dejar otros temas de interés público en manos de sólo 11 mexicanos.

 

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jaime.barrera@milenio.com