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Acuerdo de seguridad a prueba

Terminada ayer la polémica desatada por el anuncio de la creación de una Agencia Metropolitana de Seguridad, con policía intermunicipal incluida, que promovían los gobiernos naranjas, y a la que se opuso el gobierno estatal por las inconsistencias legales, financieras y de operación policial que presentaba, obliga ahora a ambas partes a tomar acciones que demuestren ya, que el acuerdo anunciado no es una simulación política más, sino un verdadero plan para cumplir su obligación de dar seguridad a los ciudadanos.

Esta exigencia crece por los crecientes índices delincuenciales y el aumento en el costo que la inseguridad cuesta a los ciudadanos. Y más aún porque el convenio de fortalecimiento de la Fuerza Única Metropolitana y la creación de una Agencia Metropolitana de Seguridad para afinar temas de coordinación, coincidió ayer con graves hechos delincuenciales, que no han hecho más que contribuir a consolidar la percepción de los que aquí viven que ladrones y maleantes andan desatados sin que la autoridad, estatal y municipal, haga algo por contenerlos.

Lo primero que tendrán que hacer es aclarar en el día a día cuáles son los alcances y las tareas que da a cada quien el acuerdo suscrito ayer, y lo más importante, que se refleje en una disminución de las cifras delictivas.

Como lo he planteado aquí, si la seguridad es la preocupación número uno de los jaliscienses, debe ser un asunto prioritario para los gobernantes de todos los niveles, aquí en Jalisco, para el gobernador y desde luego para los alcaldes, en este caso de los metropolitanos. Por lo tanto si quieren resolver este muy complejo problema, lo primero que deben destinar es tiempo de su agenda para supervisar y exigir resultados a sus jefes policiales.

Hasta antes del acuerdo, ¿Cuántas horas de su jornada diaria dedicaban a los temas de seguridad? ¿Cuántas dedicarán después de lo pactado para tratar de frenar la inseguridad que vuelve a estar en boca de todos?

¿Qué asuntos de seguridad supervisaban personalmente? ¿Cuáles supervisarán desde hoy? ¿Los de la narcoviolencia? ¿El número de policías y los resultados en sus zonas de vigilancia? ¿Su ejercicio presupuestal? ¿El tema de los exámenes de control y confianza? ¿Cuántos reprobados siguen armados y a bordo de una patrulla? ¿La capacitación policial? ¿El reconocimiento policial?

En espera, pues, de un verdadero cambio en la estrategia policial y de otras políticas públicas de recuperación del tejido social que también han sido un fracaso, habrá que dejar consignado el triste papel que jugó en este debate del delicado tema de la seguridad pública, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) que lejos de garantizar que se tomaran las mejores decisiones para la ciudadanía a partir de criterios técnicos, actuó más por consigna política y de disputas de poder, sometiéndose a sus tiempos, y confirmando su sumisión a las causas político electorales del alfarismo.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4