Estira y afloja

Guerra callejera de la IP

En 1982, Manuel J. Clouthier, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), escuchó propuestas para que empresarios de todo el país y sus trabajadores salieran a la calle a protestar por la expropiación bancaria decretada por el presidente José López Portillo, y de las principales empresas del país, indirectamente.

En el norte del país algunos patrones incluso le propusieron una "coperacha" de lana para hacer una "nueva revolución".

'Maquío' rechazó las sugerencias y junto con otros dirigentes decidió impulsar una serie de reuniones en todos los estados para hablar sobre las libertades que deberían defenderse. "México en libertad" fue el nombre utilizado para convocar a empresarios y sociedad civil a discutir sobre el tema y reclamar los actos del gobierno lopezportillista.

No salieron a la calle.

Ayer, los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestaron por primera vez en la historia en el Ángel de la Independencia, "para decir a una sola voz: queremos erradicar la corrupción de México. No más corruptos impunes en nuestro país".

Con trajes y corbatas, los empresarios estuvieron "en el corazón cívico de la patria", como ellos mismos definieron, y todo parece indicar que comenzó una batalla de poder a poder por el tema de la anticorrupción.

El Consejo Coordinador Empresarial explicó el diferendo con los senadores por las leyes aprobadas: la obligación de que los proveedores privados del gobierno presenten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Esto "resulta excesivo e inadecuado" para "prevenir y sancionar la corrupción... Generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción".

El señalamiento fue apoyado por integrantes de organizaciones como el CIDE, Fundar, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Instituto Mexicano de Competitividad, UNAM y otras.

La acción empresarial no quedó ahí. Organizaciones afines como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa, presentaron un amparo contra la Cámara de Diputados, porque reasignó "recursos del gasto para educación, salud y medio ambiente para la creación de nuevos apartados de gasto federal por un monto mayor a 38 mil millones, sin apegarse al proceso legal que regula el Presupuesto de Egresos".

Hoy se hablará del tema, pero se inducen prácticas corruptas.

La toma del Ángel por la Coparmex es apenas el inicio de una guerra callejera.

jesus.rangel@milenio.com