Estira y afloja

Lo que falta en el control de drogas

El viernes pasado, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una conferencia que dictó en Londres sobre el problema de las drogas en las Américas, insistió en que se deben “explorar nuevas opciones en cuanto a políticas de drogas para aunar experiencias, tratar la drogadicción como una enfermedad, no como un crimen, y enfocar esfuerzos en reducir la violencia y las ganancias asociadas con el narcotráfico, así como en hacer cumplir la ley”.

La posición de México sobre el tema no es muy clara, aunque el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León es un promotor insistente sobre la no criminalización del problema. En amplios círculos empresariales están de acuerdo en ver el tema de la drogadicción como una enfermedad, pero exigen aplicar con rigor las leyes contra la delincuencia organizada.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), de la OEA, en su informe de diciembre sobre el control de drogas en México hace un reconocimiento amplio al gobierno por los avances alcanzados.

Dice que los resultados de la Sexta Ronda de Evaluación revelan que de “las 27 recomendaciones comunes, México cuenta con 18 cumplidas, cinco mayormente cumplidas, dos parcialmente cumplidas, una iniciada y una no iniciada”.

La no iniciada es la recomendación 15, relacionada con la promoción de acciones encaminadas a reducir el impacto negativo que sobre el medio ambiente ocasiona el problema de las drogas. “México no cuenta con herramientas de gestión ambiental ni con estudios para determinar el impacto sobre el medio ambiente de las actividades relacionadas con la producción ilícita de drogas. Tampoco ha suscrito convenios de cooperación que le permitan evaluar, prevenir y reducir los impactos negativos relacionados con este tema”.

La recomendación iniciada se refiere a la actualización de las estrategias y políticas nacionales sobre drogas basadas en la evidencia. La Cicad señala: “México se encuentra desarrollando el Programa Nacional contra las Drogas (2014–2018), el cual tiene por objetivo disminuir la violencia y los delitos asociados al uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. Para su aplicación cuenta con la participación de distintas dependencias del gobierno y áreas de la Procuraduría General de la República”.

Puntualiza que “México no cuenta con programas integrales en reducción de la demanda ni con programas de reinserción social”, y que no tiene “planes periódicos en materia de aplicación de la ley para la prevención del tráfico ilícito de drogas”.

jesus.rangel@milenio.com