Estira y afloja

Sorpresa al estilo PRI en la SFP

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó, por fin, las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay mecanismos para detectar, prevenir y sancionar prácticas ilícitas, y compromiso real para combatir también la impunidad.

Ahora México deberá demostrar que cambiará percepciones y que ya no estará entre los principales países del ranking de corrupción. También hay que decirlo: falta mucho porque el andamiaje legislativo que deberá ajustarse al paquete anticorrupción es también amplio, independientemente de que faltan las leyes secundarias.

Lo importante en principio es cambiar lo más pronto posible los resultados que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en febrero pasado sobre las “estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en las instituciones del sector público federal”, y que son de escándalo.

Ahí se reconoció que de las 290 instituciones del sector público federal (SPF), 275 (94.8 por ciento) “no acreditaron haber realizado evaluaciones a su proceso de administración de riesgos de corrupción, de las cuales 195 (67.2 por ciento) se comprometieron a realizar las acciones necesarias para su implementación”.

Además se corroboró que de las 290 instituciones, 91.4 por ciento (265) “no acreditaron el establecimiento de controles específicos en áreas y procesos que, por la naturaleza de las actividades que llevan a cabo, resultan sensibles a actos de corrupción y presentan recurrencia de observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras”.

Se comprobó también que del total de las instituciones públicas a nivel federal, en promedio 69 por ciento no acreditó “tener un servidor público responsable o unidad anticorrupción, sin injerencia en la administración de recursos públicos”.

Qué decir de contar con códigos de conducta o un comité de ética o analizar las denuncias que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Con el nuevo sistema anticorrupción, se deberá dar vuelta a la tortilla lo más pronto posible. Será un esfuerzo compartido entre sociedad, gobierno, Legislativo y Poder Judicial. No será fácil.

Por lo mismo se tendrán que enviar lo más pronto posible al Poder Legislativo los ajustes a la Ley de Obra Pública para acabar con las tentaciones de miles de millones de pesos.

La selección del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al igual que el nuevo dirigente del PRI, Enrique Ochoa, será una sorpresa. Será un personaje independiente del poder político y de la Presidencia de la República, y conocedor de la demanda de millones de mexicanos que están hasta la madre de la corrupción.

Por eso su única obligación será combatir a fondo este mal y no distraerse en temas de modernización administrativa que ya no serán obligación de la SFP.