Estira y afloja

Recomendaciones para la reforma petrolera

El Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NGRI, por su sigla en inglés), que encabeza Daniel Kaufmann, presentó el jueves pasado el documento “La reforma de empresas petroleras nacionales: nueve recomendaciones”, que es de lectura obligada para los legisladores que votarán las leyes secundarias en materia energética.

Entre otras cosas, propone que esas empresas definan cuidadosamente las actividades comerciales y las no comerciales, y que limiten las operaciones de alto riesgo, los conflictos de interés y el papel regulador para alcanzar una verdadera competitividad.

Un elemento esencial es que los corporativos tengan acceso a un flujo de ingresos suficiente para cubrir sus costos y evitar convertirse en un factor de control sobre las finanzas del Estado.

Adicionalmente, acotar la interferencia política en las decisiones técnicas de las petroleras. Para lograrlo, hay que limitar el número de consejeros gubernamentales, para una gestión coherente, y privilegiar la experiencia técnica por encima del clientelismo político.

Sin duda estas recomendaciones son de oro para Pemex y espero que estén incluidas en la legislación. Propone establecer compromisos que aseguren la transparencia y la supervisión, garantizar auditorías financieras independientes que se hagan públicas y atender los requerimientos de responsabilidad frente al Congreso de la Unión.

El NGRI analizó la experiencia sobre diversos temas que se aplican en 12 empresas estatales para llegar a sus conclusiones. Entre los corporativos participantes estuvieron Petrobras, de Brasil; Saudi Arambo, de Arabia Saudita; NIOC, de Irán; Statoil, de Noruega; NNPC, de Nigeria; Petronas, de Malasia, y Pemex, de México.

De acuerdo con el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales 2013, que evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas en la administración del sector petrolero, gasífero y minero en 58 países, México recibió una calificación satisfactoria, de 77, y quedó clasificado en el puesto seis, con deficiencias en el tema de “condiciones generales de gobernabilidad”.

Los puntos débiles en México se refieren a deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental y social, en la supervisión del proceso de otorgamiento de licencias y en la calidad de los reportes de transferencias. Las deficiencias se ubican en prácticas de acceso a la información relacionadas con el otorgamiento de licencias, contratos y reportes completos del fondo, y finalmente deficiente gobernabilidad en normas jurídicas.

jesus.rangel@milenio.com