Estira y afloja

Juicios orales mercantiles a la puerta

El gobierno prepara nuevas acciones para reducir y mejorar la carga regulatoria e impulsar la inversión, evitar el encarecimiento operativo en el mercado formal y crear empleos. Y hay novedades que, me parece, ayudarán a resolver problemas como los planteados ayer aquí.

Con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que canalizará 600 millones de dólares, entre otras cosas se implementará el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.

Ese programa busca diseñar una ruta crítica para implementarlo a escala nacional y encontrar mayor rapidez a la solución de controversias, transparencia en los procesos y calidad de las resoluciones.

Los responsables del programa son la Secretaría de Economía, a través de la Cofemer, y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), mediante la Comisión Especial de Mejora Regulatoria Procesal, en coordinación con el Banco Mundial.

El BID señala que para la “implementación de la oralidad en materia mercantil la Cofemer colaborará con las 32 entidades federativas en la instrucción de un manual de procesos, protocolo de audiencias, capacitaciones, diseños arquitectónicos, manual del abogado e infraestructura tecnológica”.

También apunta que “subsiste la necesidad de alineación entre los diferentes niveles y funciones del gobierno y la falta de calidad de la regulación en las entidades federativas, lo que hace necesario promover el desarrollo y publicación de un programa de simplificación de trámites a escalas federal, estatal y municipal, siguiendo las mejores prácticas internacionales”.

Pareciera que con esos mecanismos quedarán en el olvido actitudes como las del presidente municipal de Unión de Tula, Jalisco, o del delegado en Xochimilco en la Ciudad de México. Veremos.

CUARTO DE JUNTO

La empresa de televisión abierta Azteca América, que atiende al mercado hispano en EU, impulsó foros para promover el voto en ese país, junto con el Instituto del Liderazgo del Congreso Hispano, la Asociación Nacional de Autoridades Latinas Electas y Designadas, la Coalición Latina y Voto Latino… La minera canadiense Goldcorp Inc., que preside David Garofalo, solicitó al gobierno federal una mayor participación para resolver el conflicto en la mina Peñasquito, en Zacatecas, que desde el pasado 26 de septiembre se encuentra bloqueada ilegalmente por transportistas. “No es un conflicto social ni político, simplemente una extorsión o chantaje; el bloqueo es ilegal”, dijo el empresario.

jesus.rangel@milenio.com