Golpe bajo

Funcionario del Congreso, inhabilitado por la Función Pública

Diputados de diferentes colores partidistas tienen bajo observación a un empleado de la Dirección General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, de quien proveedores han acusado que les cobra diezmos de hasta 20% por cada contrato firmado con el Congreso de Puebla.

La petición de investigarlo no ha sido formalizada al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana, porque están reuniendo las pruebas para demostrárselo.

Se trata de un burócrata del Congreso que ha sabido camuflarse de distintos colores. Fue director administrativo en el CAPCEE al inicio del sexenio de Melquiades Morales Flores (1999-2005) periodo en el que ya había señalamientos en su contra por parte de contratistas.

El funcionario laboraba en la Dirección General de Administración del Congreso en el periodo 2008-2011, época que el PRI era mayoría; se encargaba de las compras y los contratos con proveedores. En el 2013, con el control del PAN en el Poder Legislativo, fue nombrado titular del área.

Al inicio de 2014 renunció a ser el director administrativo, porque fue sustituido por Miguel Ángel Gómez Flores, posición que Giorgana Jiménez consiguió para el PRI.

Sin embargo, desde hace cinco meses quedó como coordinador administrativo. Su nombre es Juan Morales Figueroa, mismo de quienes a oídos de algunos diputados de la LXVIII Legislatura han llegado versiones de contratistas, que el burócrata presume que el próximo año será nombrado otra vez como director General de Administración, porque Ángel Gómez Flores no es apto para el cargo.

Legisladores también han escuchado versiones de empresarios, de que el coordinador los hace creer que es protegido por el diputado del PAN, Francisco Rodríguez Álvarez.

Los primeros documentos obtenidos por algunos legisladores se pueden consultar en la página de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal. En esos se establece que Figueroa ha sido sancionado económicamente, inhabilitado y destituido por “negligencia administrativa”.

Pero son sanciones que el burócrata ha burlado. En el expediente PAR-199/2004, se establece una inhabilitación por tres años, del 13 de enero de 2006 al 11 de enero de 2009. Sin embargo, la sentencia de la Función Pública nunca fue acatada, porque fungió como coordinador Administrativo en el Congreso del Estado en el periodo de 2008 al 2011, y los diputados de ese entonces así lo contrataron.

En el mismo expediente una sanción económica en su contra por 153,713.58 pesos. Pronto, algunos diputados darán a conocer el hecho.

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