Golpe bajo

Huejotzingo: penal chico, infierno grande

Quienes ya tienen la medida a los alcaldes de Huejotzingo son los internos del reclusorio distrital ubicado en ese municipio. Los reos han hecho del sitio, un penal VIP, donde consumen alcohol y drogas, controlan la tiendita y corrompen a los directores en turno de la cárcel.

Por las noches ven películas en sus celdas con sus reproductores DVD, escuchan música para relajarse. Hacen llamadas y mandan mensajes desde sus celulares inteligentes, para estar comunicados con los de afuera. Se pelean cuando están aburridos, usando sus armas punzocortantes.

Cuando están enojados porque hay operativos para el decomiso de sus objetos, les da por amotinarse y retener a las autoridades del penal, como lo hicieron el pasado sábado con el director del reclusorio, Felipe Ruiz Báez.

Y a todo eso: la pasividad de la autoridad municipal. El alcalde Huejotzingo, Carlos Alberto Morales, sigue pensando qué hacer con el director del penal.

Su administración envió un comunicado el pasado domingo, en el que señaló que en el reclusorio se han acentuado vicios, debido “a la falta de atención de autoridades en turno”. Ya lo sabe, pero no dice cómo resolver el problema.

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En la Secretaría de Gobernación municipal de Puebla no se toman en serio la autoridad de su jefe: el profe Guillermo Aréchiga.

Es tanto el poder que ejerce el funcionario en la capital del estado, que sus empleados no le tienen miedo, ¡Vaya! No le tienen ni tantito respeto.

Si no es así: ¿Entonces qué hacía el vehículo oficial, marca Pointer, rotulado con el nombre de la Secretaría de Gobernación, en la caravana que personas hicieron ayer a la Ciudad de México? ¿Quién autorizó el uso de la unidad?

El vehículo, con el número 12 y el lema de “Ciudad de progreso”, llevaba unas cartulinas con el mensaje de “Libertad inmediata a los presos políticos”.

En la dependencia no tenían identificado ayer por la noche el nombre del empleado que tiene asignada la unidad.

Con toda la calma apenas estaban analizando el presentar un reporte a la Contraloría municipal, para que investigue esa situación y encuentre quién o quiénes son los responsables de usar un vehículo oficial en la protesta, para fincar las responsabilidades correspondientes.