Golpe bajo

Concesiones Integrales infringe “Ponte al Corriente”

La empresa Concesiones Integrales no solo ha sido denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por incrementar hasta en 300 por ciento las tarifas del servicio de agua, sino que ahora no respeta las condonaciones que recibieron usuarios a través del programa “Ponte al Corriente”.

El gobierno del estado lanzó ese programa para que los poblanos pudieran regularizarse, porque el Sistema Operador de Agua Potable (Soapap) registraba una cartera vencida de 120 mil usuarios, en algunos casos que debían de 15 mil hasta 40 mil pesos.

“Ponte al corriente” tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2014 y el gobierno del estado cubría a manera de incentivo hasta el 90 % sobre el saldo de la deuda por concepto de pago de derechos de agua, drenaje y saneamiento, para que el usuario deudor regularizara su cuenta.

Las oficinas de Concesiones Integrales ubicadas en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, fueron clausuradas por la Profeco el pasado 2 de julio, por los elevados cobros de agua a los poblanos.

Debido a las protestas de ciudadanos, vino el anuncio que volverían las anteriores tarifas.

Pero tal parece que en Concesiones Integrales, a los dueños no les gusta perder. Como la compañía no se salió con la suya con los incrementos de hasta 300 %, ahora ya no respeta el programa “Ponte al corriente”.

En los últimos días de julio comenzó con la distribución de boletas domiciliarias, que incluyen los montos de las condonaciones, a pesar de que los usuarios se regularizaron.

Un claro ejemplo es la boleta con serie A 353865, la cual señala que el adeudo era de 5,666 pesos, pero con el programa “Ponte al Corriente”, el Soapap cobró por esa cuenta y antes del pasado 31 de marzo un monto de 1,657 pesos y con eso regularizó la cuenta domiciliaria.

A Concesiones Integrales eso no le interesa y el pasado 28 de julio endosó los 4,009 pesos, que fueron condonados, a la misma boleta.

¿Qué viene? Más quejas contra la empresa en la Procuraduría Federal del Consumidor y muy probable la tramitación de amparos y procedimientos legales, porque la compañía no está respetando un programa gubernamental.

Vendrán más protestas de usuarios y, seguro, más escándalos en contra del consorcio que recibió la concesión por un periodo de 30 años para prestar el servicio de suministro de agua y saneamiento.