De medios y otros demonios

¡Por fin!

Bullying y corrupción. Dos eventos de esta semana se convierten en un bálsamo que refresca las esperanzas en que las cosas pueden cambiar en una sociedad que a cada paso parece hundirse en un pantano del que es cada vez más difícil salir.

Este viernes se informó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ordenó que la escuela IUVYC, ubicada en Metepec, deberá pagar una sanción de 500 mil pesos por daño moral por bullying.

La decisión sienta un precedente legal fundamental en el que todas las escuelas deberán tomar medidas en contra de esta práctica o, de lo contrario, tendrán que asumir la responsabilidad de su negativa a actuar.

El precedente no solo aplica a las instituciones privadas sino alcanza también a las públicas donde el responsable de reparar el daño moral por bullying serían las autoridades estatales o gubernamentales, según sea el caso.

Esto convierte a las instituciones en corresponsables de las acciones y omisiones de los docentes que en ellas laboran, las actitudes en clase así como las maneras y modos de tratar a los estudiantes por lo que las escuelas deben tomar medidas y capacitar a su personal docente para evitar este tipo de sanciones.

Además, este domingo el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas anunció la renuncia del ahora ex secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, acusado de tráfico de influencias con el presidente de OHL México.

En cuestión de imagen el daño está hecho. Al apoyarlo, hace cinco días, el mandatario mexiquense cargó consigo la percepción de ser tolerante a la corrupción y al anunciar, ahora su renuncia, no solo confirma la mala actuación de su secretario, sino que hace parecer que se trata de una derrota del mandatario estatal frente a un hecho que era insostenible per se.

Fue altamente cuestionado que mientras la empresa OHL cesaba de su cargo a Pablo Wallentin, Ávila Villegas declarara que, por lo pronto, el secretario no sería separado de su cargo.

No obstante la renuncia, falta una sanción ejemplar (una multa de 189 mil pesos a un funcionario que puede pagar 124 mil por una semana de vacaciones suena a broma). Como en el caso de David Korenfeld, Apolinar Mena no fue inhabilitado y podrá regresar a la administración pública aunque, por el daño en la imagen, esto sea en espacios menores y ya no al frente de un área y menos en un cargo de elección popular.

En su conjunto se trata de dos acciones importantes que abren la esperanza con un mismo mensaje para la sociedad: los abusivos deben ser castigados, aún no es el castigo que merecen pero sí es importante que la sanción, por fin, haya llegado.