De medios y otros demonios

Sistema intacto

El presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que ha sido llamado mediáticamente "El Decálogo de la Seguridad", un esquema que desde el primer instante se observó incompleto y corto de miras, una respuesta que maquilla la problemática y deja intacto uno de los principales problemas: el sistema judicial.

El análisis mediático se ha centrado en la percepción social de que el problema de la delincuencia es consecuencia solo de la corrupción policíaca, por tanto, es el tema que atiende la propuesta presidencial como una solución a largo plazo y sin objetivos claros, medibles.

Pero en el tema de la impunidad nada hace la propuesta presidencial, en buena medida, porque tendría que apuntar directamente a la podredumbre en que se ha convertido todo el sistema judicial mexicano.

En cualquier parte del país involucrarse en un problema legal se convierte en una pesadilla. Sin que sea la totalidad de los casos, es muy común escuchar que el abogado pide dinero al cliente "para darle" al juez o al secretario del juzgado o a alguien que mueva los hilos a su favor.

El problema no es, además, un asunto exclusivo del ámbito penal, en lo civil son incontables los casos de padres que sobornan a los jueces para que les reduzcan el monto en las pensiones o para que les condonen las atrasadas.

El sistema judicial es un asco y nadie lo cuestiona precisamente por eso: criticarlo o cuestionarlo es casi un sacrilegio que se paga con todo el peso de la manipulación del sistema.

Ejemplos hay muchos, el más visible ocurrió con aquellos abogados que mostraron la punta de de iceberg en el documental "Presunto culpable", acusados, procesados y enjuiciados por el uso de la imagen de aquellos a quienes denunciaron.

En este esquema las universidades están metidas hasta los codos: hoy para ser ministerio público (esa figura ruin que inventa delitos y libera delincuentes) se necesita ser, forzosamente, licenciado en derecho; por tanto, egresado de una institución de educación superior, es decir, una universidad.

Abogados, ministerios públicos, secretarios de juzgado, jueces, magistrados, ministros y todo aquel que forme parte de este sistema pasa, obligatoriamente, por una universidad que avala sus estudios (no necesariamente su preparación) pero que no pone atención en la formación profesional.

El resultado un sistema judicial podrido, inoperante, digno de la Inquisición; que aprisiona y libera al mejor postor, con jueces que obtienen el cargo por ser hijos o sobrinos de alguien, lucrando con la integridad pero sobre todo con la vida de las personas, en el nivel cotidiano, y el destino del país, en el nivel trascendental. Urge un sistema de justicia justo, pero no lo hay porque nadie marcha por eso.