De medios y otros demonios

Reputación digital

Este viernes se realizó el II Foro de la Comunicación, organizado por el gobierno español y Grupo Televisa en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Panamá. La temática trascendió los acostumbrados análisis académicos y se centró en la realidad de medios y sociedad.

A partir de experiencias y conocimientos de presidentes y vicepresidentes de empresas de iberoamérica fue posible conocer la visión de los medios ante la problemática real que enfrentan en cada país.

Lo cierto es que la academia se enfoca en temas como contenidos e impacto social, efecto de emisiones en usuarios y análisis de consumo vinculados a la política, economía o sociedad; en tanto empresarios, con una visión más pragmática, hablan de distribución, contenidos de interés y el tan llevado y traído tema de medios públicos contra privados.

Además, abrieron debate en el asunto de la libertad de expresión y la transparencia respecto a la “reputación digital”, que se entiende como la imagen que proyectamos en internet (redes sociales, blogs, páginas) a partir de la información que publicamos o que los demás publican sobre nosotros.

Esa “reputación digital” nos persigue por tiempo indefinido, aún después de la muerte, perdemos el derecho a que esas actividades del pasado formen parte del olvido.

El derecho al olvido surge como una nueva arista en el tema del manejo informativo. La caducidad de los contenidos como un mecanismo de protección al desarrollo personal y a una vida plena lejos del reflector de la imperiosa necesidad de ser visto por el “Gran Hermano” social.

Esta nueva perspectiva incluiría una transformación radical en la legislación que involucra una instrucción precisa del Estado para limitar el derecho de uso de la información personal, de un modo muy similar al que se utiliza con el derecho de uso de la propiedad intelectual (películas, música, video, etcétera).

Poner límites a los alcances del uso de imagen personal llevaría, hipotéticamente, a la posibilidad de que las empresas hicieran uso de dicha información solo para casos específicos y no para mezclar temas laborales o sociales con cuestiones profesionales o políticas.

Así, una empresa no podría supervisar la cuenta de Facebook o Twitter de un aspirante a trabajar en ella como un paso en el proceso de contratación, del mismo modo que tampoco se podría hacer para observar el comportamiento de un político en el entendido de que su comportamiento social deba ser moral.

No es nuevo que el acceso a la información personal tenga limitantes pero ciertamente es innovador que se busque otorgar un derecho al olvido de situaciones vergonzosas o ajenas a la realidad actual. Proteger la “reputación digital” se vuelve trascendental en el gran crecimiento de la sociedad de la información en la que vivimos pero para ello es necesario, al menos reconocerla. Ese sería el primer paso.