De medios y otros demonios

Libertad en democracia

La libertad de expresión es una de las áreas del derecho que peor se comprenden, muchas veces, incluso, por quienes de manera profesional deberíamos entender el funcionamiento del derecho vinculado a su ejercicio.

Dos casos en particular han salido a la luz pública recientemente: por un lado está la demanda del perredista Jesús Ortega en contra de la periodista Sanjuana Martínez y el de Lucía Méndez en contra del conductor Alex Kaffie; ambos por daño moral derivadas de presuntas difamaciones (en el caso de la actriz debe eliminarse la presunción dado que ya hay una sentencia en firme de la SCJN).

En el caso de Jesús Ortega, la demanda deriva de dos columnas publicadas en el medio digital Sin Embargo; en ambas Sanjuana Martínez lo acusa de ser cliente frecuente del bar Cadillac, un sitio señalado por la operación de una presunta banda de trata de personas.

El juicio, que ya lleva tres años, deberá ser repuesto porque la periodista alegó que no se ha seguido el debido proceso y, por lo tanto, se vulneró su derecho a una defensa en tribunales dado que ella había sido notificada de las acciones legales ya que se habían dictado las sentencias en su contra.

La resolución de la Corte para reponer el caso no significa una absolución para la periodista sino que el juicio debe volver a realizarse para darle a ella la oportunidad de dar pruebas sobre sus dichos en el portal de Internet y, con ello, dejar conjurado el presunto daño moral.

En lo referente a Lucía Méndez VS Alex Kaffie, el reclamo de la actriz no se centra en alguna opinión particular sino en comentarios realizados en distintos momentos, de manera reiterada que resultaban ofensivos o burlones sobre la vida de la actriz.

El caso ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación instancia en la que se resolvió la reparación del daño moral en una multa de 350 salarios mínimos luego de que se avalara por la instancia judicial la afectación por parte del comentarista de espectáculos.

Las dos situaciones ponen en terreno un hecho inobjetable y necesario en todo sistema democrático: la libertad de opinar e informar sobre temas de interés público; involucra límites, restricciones y sanciones a los excesos en el ejercicio de estas libertades.

Ello implica que, lejos de la retórica barata que coloca a la libertad de expresión como licitud sin consecuencias, la realidad es que en términos de lo público el terreno de la información juega en reglas bien definidas, sepamos o no de ellas.

Los medios y quienes los hacen han caído en esa retórica de la libertad sin pensar que hay límites en los alcances pero también otra serie de elementos vinculantes que no se pueden hacer a un lado, es una resultante de la democracia y hay que acostumbrarse a ella.