De medios y otros demonios

Iguala

La inseguridad en el país se ha convertido un tema tan común en México que quizá por ello es que el gobierno no reaccionó a tiempo cuando, en Iguala, miembros de la delincuencia organizada infiltrados en la policía local mataron a seis estudiantes normalistas y jugadores de futbol.

En este país, la muerte de los jóvenes estudiantes y la desaparición de 43 de sus compañeros fue una nota más sobre los daños causados por los grupos criminales que atemorizan a la sociedad con base en el uso de la fuerza y la violencia.

Se necesitó que la prensa extranjera tomara interés en el caso para que en México las ONG, los políticos y los propios medios del país recuperaran la capacidad de asombro en estos asuntos y le dieran la atención que merece para la sociedad.

El caso del presunto fusilamiento de integrantes de una célula delictiva por parte de militares que rescataron a una víctima de secuestro (que después los acusaría de dicha acción) en Tlatlaya, hizo que los ojos de la prensa extranjera se centraran en lo que pasa en nuestro país.

El gobierno federal no supo cómo reaccionar, la acción visible siguió a los estándares contención de crisis de los 80 y 90 que indican que la información se debe neutralizar y ocultar; esquemas que no son aplicables para una sociedad integrada (a su modo) a los hipermedios.

La información fluyó libremente en las redes sociales y medios internacionales, en parte porque la comunicación gubernamental fue escasa y confusa; ello impactó en su confiabilidad y al dejar de ser confiable se abrieron paso las búsquedas de lo que sea que pudiera ser publicable.

Al mismo tiempo, los actores políticos (partidos o individuos) se apresuraron no por atender la situación sino por deslindarse lo más pronto posible (unos) o por aprovechar el momento y sacar raja para sus fines personales o de grupo (otros).

Así la llamada sociedad civil se movilizó para exigir atención y justicia sin dar muestras de entender quién exactamente es responsable de los hechos.

Las ONG's e instituciones de derechos humanos se apresuraron a denunciar lo evidente: las carencias que hay en México en el tema alcanzaron niveles insospechados.

La politización abonó a la confusión. Todos, más interesados en no ser acusados o vinculados con los hechos, se enfocaron en mantener la idea de que el gobierno es el responsable único y exclusivo sin asumir ningún tipo de responsabilidad por ello.

La pésima gestión de crisis, la tergiversación de partidos y actores políticos, el encono tradicional contra todo lo que huela a gobierno y la imposibilidad de encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, son ingredientes de una mezcla muy peligrosa y explosiva que sigue creciendo sin control.