De medios y otros demonios

Caso Jaltenco


La libertad de escribir y publicar es un derecho humano que garantiza la Constitución Política de nuestro país y cualquier intento por bloquear o impedir esta manifestación de las ideas es y debe ser considerado no solo como un delito sino un atentado en contra de la base misma de la democracia.

No importa si la manifestación de estas ideas es contraria al pensamiento de un individuo, grupo o del propio Estado, lo importante es que la sociedad pueda debatir sobre los distintos temas que le atañen para que, a través de esto, pueda conocerse, evaluarse y desarrollarse en un ambiente de participación ciudadana.

No obstante, aún existen individuos que, desde sus pequeños reductos de poder, buscan silenciar cualquier voz que sea contraria a sus intereses personales o de grupo; sin apertura a la crítica y enfrascados en que solo se sepa lo que ellos les convenga y se oculte todo lo demás.

Esta situación se vive en el Estado de México, específicamente en Jaltenco, donde gente cercana al alcalde Gabino Pardines Rodríguez, es señalada como responsable del robo de ejemplares del semanario local "Examinador" y del intento de secuestro del director del medio, Gerardo Gálvez Gómez.

Según consta en la carpeta de investigación 493510040957713, iniciada por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, los hechos ocurrieron el 1 de octubre en la cabecera municipal de Jaltenco.

La denuncia indica que Gerardo Gálvez repartía los ejemplares de su semanario cuando un grupo de personas se acercaron a él y le arrebataron el material periodístico.

Las personas fueron identificadas como: Bruno (chofer del alcalde); Cecilia Arizmendi, encargada de comunicación social, Alejandro Guerrero, otro sujeto de apellido Tafoya y uno más a quien los vecinos identificaron como cuñado del presidente municipal.

Según Gálvez Gómez, después de ser despojados de sus ejemplares, los agresores intentaron llevarlo contra su voluntad a un lugar desconocido; no obstante, la gente que pasaba por el sitio, al observar lo que ocurría, intervino para evitar que se perpetrara la privación ilegal de la libertad, ayudando al director del "Examinador" a librarse del ataque.

Una vez en libertad, Gerardo Gálvez inició la denuncia en el ministerio público correspondiente. La acusación parecía estar destinada a pasar al olvido hasta que el procurador mexiquense de justicia, Miguel Ángel Contreras Nieto tomó conocimiento del caso de manera personal.

El 24 de octubre, Gerardo Gálvez y Mario Guerrero López, fiscal de la Mesa de Responsabilidades en Toluca, fueron citados a la oficina del procurador. En dicha reunión, Contreras Nieto ordenó esclarecer el caso y hacer valer la justicia en este y todos los casos.

El seguimiento a este hecho es obligatorio, no solo porque se trate de una agresión física a un periodista sino también porque estamos hablando de un ataque a la libertad de expresión, garantía individual primaria en todo gobierno que quiera llamarse a sí mismo demócrata.