Articulista invitado

Entre el autoritarismo y la comparsa gubernamental

La administración de Gabino Cué organizará una 'consulta ciudadana' para determinar si continúa o se frena la construcción del Centro de Convenciones de Oaxaca en el cerro del Fortín, pero esa figura jurídica no existe en la Constitución.

A la determinación del gobierno de Oaxaca para construir en el emblemático cerro del Fortín un espacio turístico denominado Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), obra que se inició desde junio de este año, ahora se suma el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) para organizar una consulta ciudadana en la capital del estado fuera de todo procedimiento constitucional y legal.

La referida consulta, que se pretendería realizar antes del inicio del proceso electoral local (primera semana de octubre), es inconstitucional e ilegal por varias razones.

En primer lugar, porque la consulta ciudadana es una figura jurídica que no existe en la Constitución Política de Oaxaca ni en la Ley de Participación Ciudadana, pero tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Consulta Popular.

A escala estatal tenemos la figura del plebiscito, cuyos únicos sujetos legitimados para solicitarlo son los diputados del Congreso local o 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, pero no el gobernador del estado.

En segundo lugar, porque el objeto de toda consulta a los ciudadanos de un municipio o entidad federativa es conocer de la opinión, positiva o negativa, sobre la intención gubernamental para realizar una obra pública, pero no sobre aquella que ya está en proceso. En el caso del centro de convenciones es una obra bajo responsabilidad de la Secretaría de Turismo estatal, cuya primera etapa (el megaestacionamiento) ya se inició desde junio de 2015.

En tercer lugar, esta consulta carece de legalidad, pues ni siquiera se ajusta a las reglas y tiempos que pudieran aplicarse por analogía con la figuras del plebiscito o la consulta popular, ya que todo el procedimiento estará bajo la responsabilidad de los consejeros electorales del Ieepco, sin que los órganos jurisdiccionales competentes sean enterados y, en su caso, resuelvan sobre la pertinencia o legalidad de la consulta ciudadana. Por cuestiones de jerarquía y atribuciones sobre los Organismos Públicos Electorales (Oples) es probable que del tema ya estén enterados los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero hasta ahora han preferido guardar silencio para no estropear este primer ejercicio ciudadano y democrático del gobierno de Gabino Cué.

Sin embargo, debieran tomar posición sobre este asunto, pues con el acuerdo del Consejo General del Ieepco para organizar esta consulta, a modo, se pone en duda su independencia y autonomía frente al Ejecutivo estatal, además de restarle fuerza y valor político y legal a los principios de certeza, imparcialidad y legalidad.

Le sobran razones al Patronato Pro Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (Prooax) y al Frente en Defensa del Cerro del Fortín, integrada ésta última por 69 organizaciones civiles, sociales, profesionales y académicas, para rechazar y oponerse no solamente a la comparsa de consulta ciudadana promovida por el gobierno del estado, sino a la construcción del CCCO en el cerro del Fortín.

Ese es el meollo de la controversia: las organizaciones civiles, intelectuales, personalidades artísticas e instituciones locales, nacionales e internacionales (y no únicamente el maestro Francisco Toledo) se oponen a que el CCCO se construya en el cerro del Fortín, porque este lugar tiene una importancia histórica, cultural y ecológica que rebasa las fronteras de la ciudad capital y del propio estado de Oaxaca.

No es fortuito, por lo tanto, que desde 1987 el Cerro del Fortín esté inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y tampoco que forme parte del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, que a su vez es una zona protegida por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, ratificado en 1984 por el gobierno mexicano.

Pero estos y otros argumentos históricos, técnicos y legales, todos documentados, y las propias recomendaciones y dictámenes que en su oportunidad han realizado y emitido el Instituto Nacional de Antropología, arquitectos de reconocida trayectoria profesional y expertos ambientalistas, han sido insuficientes frente a la determinación del gobierno del estado de construir el CCCO sin mayores razones que las que otorga el ejercicio arbitrario del poder político y los intereses económicos de algunos funcionarios de su primer círculo, destacadamente del nobilísimo secretario de Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego, socio del hotel Victoria, que se ubica muy cerca del área en donde se levanta el CCCO.

No deja de llamar la atención que en la recta final de su sexenio, y a solo tres semanas de que se inicie el proceso electoral para renovar la gubernatura, el Congreso local y 153 de 570 ayuntamientos, el primer gobierno de alternancia que tiene Oaxaca recurra a métodos similares a los que por décadas utilizó el PRI para perpetuarse en el poder: opacidad, medias verdades, engaños, manotazos, descalificaciones de sus opositores y la manipulación ciudadana.

A esto último se reducirá la dichosa consulta gabinista que, además de ilegal, será totalmente inequitativa y parcial. Inequitativa, porque de junio a la primera quincena de septiembre el gobierno del estado despilfarró recursos económicos, creatividad, inteligencia por prensa, radio, televisión, espectaculares, etcétera, para publicitar las bondades y beneficios del CCCO entre los oaxaqueños. Y parcial porque, para no extrañar al parque jurásico electoral, ya desde ahora funcionarios gubernamentales instruyen a sus trabajadores a intercambiar copias de credencial de elector por prebendas laborales y económicas para asegurar que a la hora de la consulta ciudadana el ciento por ciento más uno de los hombres y mujeres que acudan a las urnas sufraguen por el sí.

Y con urnas embarazadas, y voto coaccionado o comprado, todo habrá concluido, menos el descrédito institucional y la indignación ciudadana.
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*Investigador del IISUABJO y analista político