Articulista invitado

Oaxaca: transición democrática fallida

Cué formó un gabinete integrado en su mayor parte por amigos de infancia, socios y viejos priistas, y unos cuantos cuadros de PAN y PRD, que no supieron ni pudieron procesar y responder con oportunidad a las demandas sociales.

La alternancia política en el Poder Ejecutivo, que por primera vez se escenificó en Oaxaca en 2010, en poco modificó las prácticas y modos de gobernar del viejo régimen priista. Y la cacareada oferta electoral de la  transición democrática terminó por convertirse en una transitocracia, como califica Jesús Silva Herzog a los regímenes en donde el respeto al estado de derecho, el pluralismo político, el equilibrio de poderes y los arreglos institucionales son frágiles y rehenes de los poderes fácticos (Silva Herzog, 1999: El antiguo régimen y la transición en México).

Por principio de cuentas durante el sexenio de Gabino Cué no hubo coalición gobernante, sino una simple suma de las partes para integrar un gabinete heterogéneo, donde prevalecieron los desacuerdos y la descoordinación intersecretarial sobre el consenso, la eficiencia y la disciplina institucional para garantizar un buen gobierno. Un jefe del Poder Ejecutivo que formó un gabinete plural integrado en su mayor parte por amigos de infancia, socios y viejos priistas, y unos cuantos cuadros del PAN y PRD, que, con respetables excepciones, no supieron ni pudieron procesar y responder con oportunidad y eficacia a las demandas sociales, gremiales y políticas de diversos sectores de la sociedad oaxaqueña.

El de Gabino Cué es —fue— un gobierno de frágiles equilibrios, débil institucionalidad, serias ineficiencias y con un enjambre de intereses creados y disputas grupales que lo hicieron vulnerable a todo tipo de presiones y chantajes de organismos clientelares y poderes fácticos.

Su contraparte, el Poder Legislativo, bien pudo constituirse en el conducto institucional para evitar que la transición democrática hiciera agua desde el momento mismo que Cué Monteagudo se sentó en Palacio de Gobierno acompañado por un gabinete legal y ampliado dominado por representantes del viejo régimen. En ese intento se quedaron los diputados de la 61 Legislatura al aprobar un paquete de reformas legales y constitucionales para alentar la participación ciudadana, fomentar la rendición  de cuentas y generar contrapesos al Poder Ejecutivo, tarea torpedeada de principio a fin por el priato y que en la segunda mitad del sexenio la 62 Legislatura ya no puso atención, envuelta como estuvo en mezquinas  disputas por el control del aparato administrativo, escándalos de corrupción y notoria negligencia e irresponsabilidad para cumplir con sus tareas institucionales.

En la transitocracia gabinista, el respeto a la legalidad y al estado de derecho siempre se movió entre la simulación y la componenda. Todo terminó por acomodarse, como en el viejo régimen, a las circunstancias políticas y al nivel de presión y/o interlocución con actores de todos los signos.

Abundaron los casos, pero sin duda el más paradigmático fue la alianza del gobierno estatal con la  sección 22 del SNTE, una alianza en donde se confundió tolerancia con debilidad y negociación con sometimiento. Una relación casi de amasiato que se interrumpió abruptamente en 2015 cuando mediante un decreto el gobierno del estado “recuperó” la rectoría educativa, desplazando a la sección 22 del control político-administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo). Este giro de 180 grados le costó su rompimiento político con el magisterio oaxaqueño y la CNTE pero, a cambio, se ganó la confianza del presidente Enrique Peña Nieto que en los primeros cuatro años de su gobierno lo había ignorado.

Es cierto que en el sexenio gabinista los actos de represión oficial y autoritarismo fueron aislados; sin embargo, el saqueo de las arcas estatales que habían caracterizado a los dos últimos gobiernos priistas no solamente persistieron y se multiplicaron, sino que adquirieron carta de naturalización.

Los presupuestos “históricos” negociados con la Federación prácticamente se dilapidaron en megaobras inconclusas adjudicadas sin licitación pública o con licitaciones a modo, desvío de recursos públicos, mercantilización de los programas sociales y escolares, distribución de prebendas económicas para un sinfín de líderes sociales, sindicales y políticos y en el financiamiento de campañas electorales.

Según reportes del Coneval solamente entre 2012 y 2014 el gobierno de Oaxaca ejerció un presupuesto de 165 mil millones de pesos, pero en ese mismo periodo el número de pobres creció en 227 mil 150 habitantes, colocando así a la entidad con un nivel de pobreza de 66.8 por ciento.

Con la anuencia de la mayoría de los diputados y las diputadas del Congreso local entre 2011 y 2015 el gobierno de Cué Monteagudo incrementó en 140 por ciento la deuda pública, al dispararse de 5 mil millones a 12 mil 400 millones de pesos. Hoy el gobierno del estado de Oaxaca ocupa el sexto lugar en endeudamiento público a escala nacional.

Con un fuerte déficit en las finanzas estatales y un bajo nivel de credibilidad, el primer gobierno de alternancia también está cerrando el sexenio con serios problemas de seguridad pública, un crecimiento exponencial de la violencia del crimen organizado en la región del istmo y el emplazamiento ciudadano, vía la Comisión de la Verdad, para que se ejerza acción penal contra los responsables de los violentos sucesos de 2006 en la entidad.

Y sin embargo, en la disputa por la gubernatura que se decidirá el próximo 5 de junio los electores oaxaqueños bien pudieran darle un segundo aire al gabinismo si el voto mayoritario se inclina por el candidato oficial José Antonio Estefan Garfias, postulado por el PRD y el PAN. O inclinarse por una segunda alternancia en cuyo caso habría tres opciones competitivas: el priista Alejandro Murat Hinojosa, el petista Benjamín Robles Montoya y el candidato de Morena, Salomón Jara.

Es cierto que la contienda se empieza a observar más cerrada entre Murat y Garfias, pero no debiera descartarse que uno de los dos candidatos de izquierda repunten en el último tramo de las campañas para modificar así el escenario final.

De lo que ya no cabe ninguna duda es que como proyecto de gobierno y discurso de campaña la transición democrática en Oaxaca es cosa del pasado.

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