Daños colaterales

Periodistas brasileños piden “ir a la guerra” con protección

El fallecimiento por muerte cerebral del camarógrafo brasileño Santiago Andrade, de 49 años, de la Tv Bandeirantes, alcanzado el jueves pasado en una protesta en Río de Janeiro por una bengala lanzada por un manifestante, la cual le destruyó el cráneo, desató las reacciones en Brasil, entre ellas la de la Asociación brasileña de Periodismo (Abraji), la cual reporta 114 agresiones a periodistas en todo el país en 2013 ligadas directamente a la cobertura de las marchas contra el alza de tarifas del transporte y los excesivos gastos del Mundial de Futbol. Además, desde el primero de enero,  tres periodistas fueron heridos en las protestas, uno de ellos de un bastonazo en la cabeza propinado por un policía.

Para la Abraji, la muerte de Andrade —muy apreciado en el medio por su conocida gentileza con sus colegas de trabajo, según destacó ayer el diario O Globo de Río— hace recordar que los periodistas van “sin casco, sin máscara antigás y sin chaleco antibalas” a manifestaciones que, si bien se han reducido en cantidad de participantes desde junio de 2013 han aumentado en violencia, afirma.

Durante las protestas de junio, que llegaron a reunir a más de un millón de manifestantes en todo el país, murieron cinco personas (Belo Horizonte, Brasilia, Sao Paulo y Belem) pero Andrade fue la primera víctima entre los reporteros, fotógrafos  y cámaras. Por cierto, su familia anunció ayer que había decidido donar sus órganos.

También el Consejo de Comunicación Social del Congreso de Brasil repudió en un comunicado la violencia contra los periodistas, lo que constituye un “evidente atentado a las libertades de expresión”, afirmó y llamó al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y a las empresas periodísticas a que garanticen la seguridad de los profesionales.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), Celso Augusto Schröder, quien ayer destacó la necesidad de proveer a la prensa de equipos de seguridad en las coberturas periodísticas, además de reafirmar la defensa de la federalización de las investigaciones de los actos de violencia contra los profesionales del medio.