Daños colaterales

Oposición a Maduro quiere 15 millones de dólares, no diálogo /II

En América Latina, para las derechas y sus propagandistas —muchos de ellos camuflados hoy en la web como “lectores” de comentaristas—, la única democracia válida es aquella en la que triunfa su candidato; que en ningún caso, por cierto, ha cedido jamás el poder, ni siquiera en caso de haber ganado por estrecho margen. Es más, la mayoría de los desfalcos en las urnas y de los golpes de Estado en la región desde los procesos de independencia hace más de dos siglos fueron promovidos por las derechas y sus ejércitos; responsables, además, de las estructuras de atraso y miseria que aún padece el subcontinente, la zona más desigualdad del mundo. Y cuando la asonada militar no ha sido posible, estas derechas aprendieron a mamar de la Usaid, cuya política de “asistencia exterior” se basa desde hace cinco décadas en dos vertientes.

Una es la “asistencia para el desarrollo” y la otra la “asistencia militar”, que en el ejemplo extremo de Nicaragua derivó como se recordará en la guerra de los contras, de 1980 a 1990, financiados y adiestrados por la doble administración del republicano Ronald Reagan en la más prolongada guerra de Estados Unidos desde 1776 contra un país latinoamericano. Nicaragua tenía entonces  tres millones de habitantes y en la guerra murieron 30 mil.

La intervención fue “indirecta”, desde las fronteras de Costa Rica y Honduras (que también involucró a sus FFAA), porque en EU aún no había superado el síndrome de Vietnam y tras una década de intervención en el país asiático (1965-1974) las familias norteamericanas no querían más muertos. (El síndrome fue “superado” en 1991, en la primera guerra del Golfo).  El financiamiento a la guerra contra el Frente Sandinista debió ser “bipartidista”, para burlar el impedimento que pesaba sobre la Casa Blanca de involucrarse en forma directa en otro conflicto armado.

En tanto, la Usaid se enfocó en financiar al abanico opositor (partidos, jerarquía católica, prensa, empresarios) para “ayudar a fortalecer a la sociedad civil”; el mismo argumento usado el pasado 14 de marzo por legisladores demócratas y republicanos en su iniciativa de “Ley para la Defensa de los Derechos  Humanos y Sociedad Civil de Venezuela” que gestiona el envío de 15 millones de dólares a la “oposición política”, “organizaciones de la sociedad civil” y “medios de comunicación”.