Daños colaterales

¿“Justicia transicional” para todos?

Abundante información se generó ayer sobre Colombia, entre ella la cita del presidente Juan Manuel Santos con Obama en la Oficina Oval, donde el primero recibió un espaldarazo a su política de diálogo con las FARC a escasos 150 días de las presidenciales de mayo próximo en las que Santos, en el poder desde 2010, ganaría la reelección según la última encuesta de la firma Ipsos Napoleón Franco (26-XI).

Detrás de Santos se ubica el ex senador Oscar Zuluaga, del movimiento Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe (2002-10), que en segunda vuelta tendría escaso 15% de votos frente a 38% para Santos.

Uribe es el principal obstáculo a la política de su ex ministro de Defensa en pro del diálogo, el cual sigue sumando adeptos en un país polarizado por medio siglo de guerra. Según otro sondeo (Colombia Opina, 26-XI) son ya 62% de colombianos los que quieren que el presidente que sea elegido en mayo prosiga el diálogo con las FARC. Solo 31% pretende enfrentar la guerra por la vía militar.

Después de la cita con Obama, Santos abogó en la OEA para que su Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sea más flexible respecto de los atropellos en Colombia y pidió una “justicia transicional” acorde con un periodo de transición política, lo que permitiría procesar solo a los máximos responsables de los peores delitos durante el conflicto, “sin incurrir en impunidad”, aunque no aclaró a quiénes se refería.

Casi al mismo tiempo, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez —crítico del diálogo—, se reunía ayer en La Haya con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda para pedirle que intervenga si en el diálogo de paz se acuerdan mecanismos de justicia “restaurativa” (verdad y reparación) que lleven a la “impunidad” a favor de las FARC.

Por cierto, Uribe tiene tres denuncias en su contra ante la CPI de parte de la Corporación Colectivo de Abogados de Colombia por “corresponsablidad en crímenes de paramilitarismo, falsos positivos y persecusión política”. El Colectivo acreditó ante la CPI 3,515 casos de desaparecidos-asesinados, pero no avizora que ésta haga algo ya que “Uribe fue uno de los aliados más importantes” de EU, pese “al apoyo de las mafias y los paramilitares”.