Daños colaterales

Chile y el silencio de Manuel Contreras /II

Como recuerda el político y periodista Eduardo Contreras, (http://blogs.cooperativa.cl/opinion), ex embajador de Chile en Uruguay y refugiado durante 15 años en México y Cuba bajo la dictadura de Pinochet como representante en sendos países del Partido Comunista chileno (hoy en alianza con la presidenta socialista Michele Bachelet), el recién fallecido Manuel Contreras, ex director de la siniestra DINA bajo la dictadura y hombre de confianza del general  Pinochet, “nunca tuvo un gesto de dignidad hasta el día de su muerte y persistió en un silencio cobarde que dificulta el conocimiento de toda la verdad necesaria. (...) Un silencio que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura chilena, que es lejos una de las más sangrientas de las que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo pasado a partir del golpe contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala”, en 1954.

Para Eduardo Contreras –cesado por Bachelet como embajador en Uruguay luego de culpar en Montevideo, en octubre anterior, a la “derecha empresarial” de los más atentados con bomba en Chile, cuando el discurso oficial los atribuyó a “ultraizquierdistas”–, el “silencio cómplice” no solo atañe a la jerarquía militar, en especial la del pinochetismo (1973-1990 ), “sino también a los muchos civiles sediciosos que impulsaron a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, así como de los dueños de medios de comunicación que en su momento se hicieron  parte de los atropellos a los derechos humanos (...) a sabiendas de colaborar para encubrir crímenes brutales”.

“Son sujetos que tienen  información y están obligados a entregarla conforme nuestra legislación interna y el Derecho Internacional”, afirma el analista, quien recuerda al respecto el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile 2014, publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, al referirse al Acceso a la Información Pública, Archivos y Acceso a la Justicia, afirma que no solo es normativa nacional el derecho de acceso a la información, sino que ya en 1977 en el primer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, a propósito precisamente de personas desaparecidas, establecía “el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”, con lo que el Derecho Internacional Humanitario planteaba a los Estados la obligación de buscar los procedimientos que abrieran paso a la derrota de la impunidad.