Daños colaterales

Bolivia y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina

En su libro, el catedrático chileno José Aylwin Oyarzún ofrece un panorama actualizado sobre ese grupo poblacional y sobre las reformas constitucionales en diversos países de la región para su más justa representatividad.

El libro de la semana


El rotundo triunfo electoral del recién reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, ex líder sindical y cocalero, de origen aimara, obliga a detenerse en las particulares de ese proceso de transformación política, social y cultural en la históricamente elitista y fragmentada nación andina, donde el Estado elevó sin embargo en 2009 a rango de ley el contenido de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y estableció la figura de “municipios autónomos indígenas originarios campesinos”, además de la circunscripción electoral indígena.

En su libro Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos (Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, No. 25, México 2014), el autor José Aylwin Oyarzún, maestro en derecho con especialidad en derechos humanos y pueblos indígenas y profesor de derecho indígena en la Universidad Austral de Chile, ofrece un panorama actualizado sobre la realidad de los indígenas en América Latina desde la así llamada emergencia indígena, planteada en 1997 por el reconocido sociólogo germano-mexicano Rodolfo Stavenhagen (1932) hasta nuestro días.

Se estima en unos 50 millones la población actual de indígenas en AL, agrupados en 600 pueblos autóctonos; mismos que desde fines del siglo XX han ido cobrando conciencia de sus derechos como individuos y como colectividad, desde reclamos de autonomía en países con poca representación indígena hasta demandas por reformas políticas nacionales de carácter incluyente mediante procesos conocidos como movimientos político-étnicos.

En su estudio, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano, el experto chileno hace un recuento detallado de los diversos documentos suscritos internacionalmente, así como de las reformas constitucionales y legales en países como Ecuador, cuya Constitución de 2008, emanada de un congreso constituyente, contó para su elaboración con representantes de sus pueblos indígenas, lo mismo que en Bolivia (2009).

No menos importante ha sido la integración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, de un corpus iuris de carácter indígena que se ha incorporado con los derechos humanos aplicables específicamente a los pueblos autóctonos del continente.

El muy recomendable libro del maestro Aylwin Oyarzún considera el tema del establecimiento y ejercicio de la autonomía de las comunidades indígenas en México, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Ecuador, donde un levantamiento indígena obligó al Estado a negociar y aplicar circunscripciones territoriales indígenas y afro-ecuatorianas.

En el caso de México, donde 803 de los dos mil 448 municipios del país son considerados indígenas, se destaca que es precisamente el municipio, como institución de indiscutible arraigo histórico, el espacio idóneo para el desarrollo de la concepción comunitaria indígena.

En esta opción sobresale el estado de Oaxaca, donde sin embargo el autor pone la lupa en algunos de los aspectos limitantes para la democratización de las comunidades, como son la intervención fáctica de los partidos políticos y la discriminación que padecen las mujeres en sus propios grupos comunitarios.

En la reseña de la situación jurídica y política de los pueblos indígenas se incluye el caso específico y ciertamente paradójico de Chile, donde sucesivos gobiernos izquierdistas —o al menos de centro-izquierda— han sido incapaces que incluir la representación política de la población autóctona, en primer lugar de los mapuches, en ninguna de las dos Cámaras de su Congreso; llegando incluso a aplicarse la categoría de “terrorista” a la lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras ancestrales.

En Chile, cuya población indígena representa 8% del total, las comunidades siguen excluidas en su representación política a causa del sistema electoral binominal impuesto desde los años de 1980 por la entonces dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1991), que favorece a los partidos políticos tradicionales y excluye a los pueblos indígenas. 

Hoy, en el centro de la agenda indígena de AL –y de todos aquellos no indígenas involucrados en la construcción de nuevos Estados– figuran una serie de reclamos jurídicos y jurisdiccionales, definidos con toda claridad en la Declaración de Mama Quta Titikaka (Perú, mayo de 2009), emitida por representantes de pueblos indígenas reunidos en la Cumbre de los Pueblos indígenas de Abya Yala, en Puno, la cual señala:

“Construir Estados Plurinacionales que se fundamenten en el autogobierno, la libre determinación de los pueblos, la reconstitución de los territorios y naciones originarias. Con sistemas legislativos, judiciales, electorales y políticas públicas interculturales, representación política como pueblos sin mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones en todos aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad. Estados Plurinacionales no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los excluidos”.