Daños colaterales

Argentina, a 30 años del informe "Nunca Más"

El libro de la semana

 

En vísperas de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a partir del 29 de noviembre, su directora, Marisol Shulz, destacó esta semana la presencia de Argentina como invitada de honor y resaltó sus avances en materia de derechos humanos lo que, dijo, sin duda “aportará algo de luz en un momento muy complicado de la vida de México” con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En declaraciones a la agencia alemana DPA (12-11), Shulz confirmó la presencia en la FIL de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien tras 30 años de búsqueda acaba de hallar a su nieto desaparecido por la última dictadura militar (1976-1983). También recibirá un homenaje el recién fallecido poeta, periodista y traductor argentino Juan Gelman, Premio Cervantes de Literatura, quien, al igual que De Carlotto, buscó incansablemente durante 25 años a su nieta Macarena, hija del joven matrimonio compuesto por Marcelo Gelman y María Claudia García, secuestrados en agosto de 1976, cinco meses después del golpe. Marcelo, poeta y militante peronista al igual que su padre, fue asesinado y María Claudia, llevada a Uruguay en el marco del Plan Cóndor —la coordinación represiva de los ejércitos  sudamericanos bajo las dictaduras de 1970 y 1980. Recluida en la sede del Servicio de Información de la Defensa (SID) en Montevideo, la nuera de Gelman dio a luz a Macarena el 1 de noviembre siguiente en el Hospital Militar. La bebé fue entregada a la familia de un policía, Ángel Touriño, hasta que recobró su identidad en el 2000, con 24 años, cuando aceptó hacerse una prueba de ADN.

Juan Gelman, amigo y maestro, falleció en México el pasado 14 de enero sin renunciar nunca a la búsqueda de los restos de María Claudia, que habría sido enterrada junto a otros detenidos-desaparecidos en predios del Ejército uruguayo. La búsqueda aún continúa, impulsada en Uruguay por Macarena.

En 2012, Argentina fue considerada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, como “un modelo de lucha contra la impunidad” gracias “a la presión de la sociedad civil”, al haber procesado hasta la fecha y a partir del gobierno del hoy extinto presidente Néstor Kirchner (2003-2007) a casi un millar de acusados por crímenes contra la humanidad, siendo sentenciados más de 300 en juicios a gran escala para saldar las cuentas de un régimen de barbarie, cuando el terrorismo de Estado marcó a sangre y fuego el destino del país. En siete años, la dictadura cívico-militar que encabezó el general Jorge Videla fue responsable hasta de 30 mil muertos y/o desaparecidos.

A la vanguardia en Sudamérica en materia de justicia histórica contra los represores, la Argentina en democracia pudo empezar a armar el rompecabezas del terror cuando, en noviembre de 1984, la Comisión Nacional de Investigación sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o Comisión Sábato, creada un año antes por el presidente Raúl Alfonsín y encabezada por el respetado escritor Ernesto Sábato, dio a conocer su informe de labores, Nunca Más, luego de recibir millares de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención, y de acumular más de 50 mil páginas documentales; todo lo cual permitió certificar que “la dictadura militar produjo la más grande tragedia” de la historia nacional.

La 13 miembros comisión (intelectuales, periodistas, diputados, etc.), creada “no para juzgar sino para indagar la suerte de los desaparecidos”, resumió su ardua labor en dos voluminosos tomos de casi mil 500 cuartillas, consignado “ocho mil 960 desaparecidos”—el general Videla reconocería unos “siete mil” aunque los organismos humanitarios hablan de 30 mil— y desglosó entre muchos otros ítems, “detenidos en su domicilio ante testigos”, “detenidos en la vía pública”, “en lugares de trabajo”, “en lugares de estudio”, etc.; e incluyó “operativos de secuestros”, “torturas”, “fusilamientos en masa”, “muertos en ‘enfrentamientos armados’”, así como cuadros estadísticos de los desaparecidos por género, edad; listado de “periodistas desaparecidos”, de “abogados, campesinos, religiosos”, etc., lo que sumó “siete mil 380 legajos”.

En el prólogo de este informe —cuyo anexo I, volumen II (casi 700 pp.) contiene el “Listado de personas desaparecidas por apellido paterno”, “Personas vistas en los lugares de detención” y “Listado de centros clandestinos de detención”— los autores sumaron esta reflexón: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación (…) servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.