Peor para la verdad

¿Debate o consulta?

En el contexto de la discusión de los grandes temas de impacto nacional ha venido invocándose la necesidad de realizar consultas a la población, ya sea para legitimar una decisión por parte del gobierno o para reforzar una postura asumida desde la oposición.

Ahora, con motivo de la discusión que empieza mañana domingo en el Senado de la República sobre la reforma energética, el PRD incluso ha entregado a la Cámara Alta más de un millón de firmas solicitando la consulta popular sobre este tema.

En diversos países, la figura del referéndum es utilizada como un instrumento vinculatorio, toda vez que es un mecanismo de participación ciudadana por el que se somete al voto popular leyes o actos administrativos, que se ponen a ratificación de la población.

Con menor frecuencia, el plebiscito ha sido utilizado de modo consultivo, sin llegar a ser una expresión de la voluntad general, sino más bien un instrumento de legitimación.

Como ejemplos de éxito se pueden citar el referéndum de 1988 en Chile, donde se votó por la no continuidad del régimen de Augusto Pinochet; o en 1993, el referéndum en Perú para aprobar la nueva constitución creada por el Congreso Constituyente Democrático.

También se han realizado diversos referéndums de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en varios países de la Unión Europea.

Sin embargo, en nuestro país no se ha consolidado ninguna de estas figuras, por lo que cobra especial relevancia que dentro del paquete de reformas que las mesas de trabajo del Pacto por México presentaron al Congreso de la Unión se encuentre la Ley de Consulta Popular.

Esto podría ser un parteaguas en la toma de decisiones, porque se estaría involucrando a la población, que en los últimos anos ha estado expectante de como las cúpulas partidistas deciden, acuerdan y resuelven, dejando de lado en algunas ocasiones la percepción social.

Basta ver como el Gobierno del Distrito Federal “legitimó” el aumento de la tarifa del metro mediante una encuesta, que pretendió ser consulta, en donde una ciudad que tiene subsidios en casi todos los servicios públicos, como agua, drenaje, recolección de basura, alumbrado público, transporte colectivo, etc., de manera sorpresiva los usuarios, en un hecho sin precedente de conciencia social, se pronuncian a favor del aumento de la tarifa.

¿Es un resultado creíble? Por supuesto que no.De ahí la importancia que esta figura sea legislada con la seriedad que corresponde, porque en caso contrario, pasará a ser solo un instrumento de manipulación y legitimación de decisiones ya tomadas.

Justo el jueves pasado, la Cámara de Diputados iba a empezar la discusión de la Ley Federal de Consulta Popular, cuando la falta de acuerdos hizo que se suspendiera la sesión y se postergara su aprobación.Esta propuesta de Ley establece que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Poder Ejecutivo federal, serán objeto de la consulta siempre que sean de trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio, que impacten en una parte significativa de la población y que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas de alto impacto social. 

El dictamen que discutirán los diputados establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como los principios consagrados en el Artículo 40 de la Carta Magna, ni asuntos en materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Esta figura, en caso de aprobarse, podrá ser solicitada por el Presidente de la República; el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número equivalente al menos de 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

De inicio, la propuesta es seria y permitirá poder consultar en un futuro a la ciudadanía temas tan trascendentes como lo es la reforma energética, que a pesar de la insistencia de la izquierda, no será sometida a consulta.Esperemos que los intereses y los desacuerdos entre los actores políticos no terminen generando algo que en lugar de motivar la participación ciudadana, la aleje de las decisiones del futuro del país.

 Es el momento de pasar del debate a la participación, ¿no cree usted?