Crónicas urbanas

La tragedia de Diego no termina

En julio de 2013 los tripulantes de una patrulla dispararon contra cuatro jóvenes, cuyo delito fue viajar en una camioneta; uno de ellos fue herido y está semiparalítico. La familia exige una indemnización justa, pero no llega...

El 31 de julio de 2013, a las seis de la tarde, Diego Uribe Jardines, de 18 años, y dos amigos suyos, salieron a bordo de una camioneta de dos cabinas, en la colonia Torres de Padierna, con la intención de comprar cervezas; horas después un proyectil penetraba por su espalda.  Una escopeta había sido accionada desde una patrulla policiaca. Hasta ahora ha sido mínima la ayuda oficial. Desde entonces usa bastón para moverse.

Pero habrá que retroceder en el tiempo. Dieciocho meses atrás. Después de comprar cervezas, los tres amigos, Diego, Jorge y Joel, éste al volante, regresaron al taller de hojalatería; luego, pasaron por Óscar, hermano de Diego, ya que dos días antes había cumplido 24 años y lo invitaron a cenar. Enfilaron hacia arriba, sobre la calle de Cancún, para luego enderezar sobre la carretera Picacho-Ajusco.

Degustarían unos tacos, como habían prometido a Óscar, copiloto de Joel,  policía de civil en su día de descanso, y se dirigieron a la colonia Velvedere.  En la segunda cabina iban Diego y Jorge; el primero, del lado derecho.  Eran las 22:30 horas cuando policías de una patrulla les pidieron detenerse. El colega que iba al  volante respondió con una señal de que lo harían más allá.

De pronto escucharon disparos de armas de fuego. Quizá más de tres descargas. Jorge sintió algo extraño en el brazo; Diego, por su parte, intentó moverse, pero sintió un dolor en el estómago y una especie de rigidez en las piernas, sobre todo en la derecha, que no podía mover, y por su mente pasó la rápida sospecha de que había recibido un disparo en esa parte del cuerpo.

—¡Ya me dispararon! —gritó.

Y Joel frenó.

Atrás de la camioneta quedó la patrulla P6849, de la que descendieron tres policías; dos de ellos con armas en la mano y  lanzando improperios: “¡Ya se los cargó la chingada!”, dijo un poli, al mismo tiempo que ambos agredían a los de la parte delantera.

Óscar logró bajarse y se defendió. Diego, que apenas podía caminar, avanzó hacia la patrulla y se recostó en el cofre; después, lento, fatigado, se acostó en el piso y esperó a la ambulancia, que lo llevaría al Hospital General de Xoco, donde entró al quirófano después de que le tomaran una radiografía.

La operación quirúrgica duró hasta las 5:30 horas, ya del 1 de agosto. En ese tiempo los cirujanos quitaron el apéndice, 20 centímetros de intestino y un pedazo de hígado. En la ingle quedó una posta; al parecer, inofensiva.

Un reporte de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del DF concluyó que Diego Uribe Jardines “presentó una mecánica de lesiones compatible con una herida por proyectil de arma de fuego; con orificio de entrada en región lumbar derecha, mismo que siguió con alto grado de probabilidad una dirección de atrás hacia delante y penetró en la cavidad  abdominal, lesionando en su trayecto, tanto el intestinal delgado como el intestino grueso, con hemoperitoneo secundario”.

***

Esa noche del 31 de julio, a las 22:45,  Óscar Uribe, padre de Diego y Óscar, recibió una llamada de este último, quien le pedía apersonarse en la agencia del Ministerio Público número 65, pues un policía le había disparado a su hermano.

En 15 minutos llegó el padre de los jóvenes y preguntó al guardia si sabían algo sobre el asunto, pero no le supo dar razón. Se desplazó a un hospital de la Secretaría de Salud, en la zona del Ajusco medio, pero tampoco supieron nada.

Regresó a la agencia y vio que en una patrulla estaba su hijo Óscar —golpeado y sin playera—, quien le mostró las manos esposadas.

Bajaron de la patrulla a Óscar y lo metieron en las oficinas de la agencia. Su padre quiso entrar pero no lo dejaron, y habló por teléfono a familiares y amigos. “No sé dónde está Diego y a Óscar no me dejan verlo”, les decía.

En eso estaba cuando vio llegar a un puñado de policías que custodiaban a dos de sus compañeros, y sospechó entonces que eran los mismos que habían disparado a la camioneta donde viajaban sus hijos y dos amigos. No estaba equivocado.

Diego padre se aproximó un poco a los azules y escuchó que otro de ellos, ya de mayor edad,  preguntaba a uno de los recién llegados:

—¿Qué pasó, hijo, qué problema tienes?

—Nada, jefe, es que me puse nervioso y empecé a disparar —respondió quien, después se sabría, era Timoteo Matías Hernández, el que había jalado el gatillo de la carabina.

Con él venía su compañero de patrulla, Salvador Nequis Andrade, quien, según consta en indagaciones, en 1996, 2003 y 2007 había estado preso y multado por diversos delitos como Robo agravado, Fraude específico, Uso de documento falso y Encubrimiento.

Un pájaro de cuenta.

Y con placa.

***

El peregrinar de hijo y padres ya había comenzado. Diego estuvo nueve días en el hospital, donde un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del DF le ofreció a su padre hacerse cargo de los gastos médicos y 5 mil pesos, pero él no los aceptó. Dos horas después le subió a 20 mil. Tampoco aceptó.

Horas después recibió una llamada telefónica de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Le ofrecieron asesoría.

La institución mediadora ha tenido una serie de intervenciones, pero los actores no llegan a ningún acuerdo definitivo, pues hay evasivas por parte de las autoridades policiacas, que solo cumplieron con la aportación de una silla de ruedas —“tres meses después”, según Óscar Uribe, el padre—, terapia psicológica y transporte.

Hasta la fecha la familia ha gastado 114 mil pesos en diferentes servicios, sin contar con una andadera y el bastón que no suelta para que Diego pueda equilibrar su andar. “La Secretaría de Seguridad Pública solo ha cumplido con 30 por ciento”, asegura Uribe.

—¿Qué quiere para Diego? —se le pregunta al padre del joven, quien de vez en vez se pone de pie para estirarse.

—Una indemnización justa.

—¿Y en qué consiste?

—Quiero para Diego una vida digna, de calidad… Pienso tantas cosas —dice, ensimismado, mientras sorbe un  té verde—, porque el martes fue el accidente y el sábado 4 de agosto tenía su examen para entrar al IPN. Quería estudiar administración y desarrollo empresarial. Es ahí donde le pido a la Secretaría de Seguridad Pública una beca, demostrándoles que es un buen estudiante, pero se la niegan.

Diego asiste a terapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde el diagnóstico es que no tiene la misma sensibilidad en la pierna derecha, que todavía le duele. “Me dicen que son las secuelas”, dice el joven, quien a pesar de todo no se achicopala, pero sí pide: “Para empezar, que paguen los gastos; pero dan largas”.

El 23 de septiembre de 2014, en una carta enviada a la Dirección General de Derechos Humanos de la SSP-DF, padre e hijo solicitaron una indemnización de 800 mil pesos, pago de una beca de 400 mil y servicio médico vitalicio para Diego.

“Cabe mencionar que además de los daños físicos y emocionales de Diego Uribe Jardines, la situación ha impactado de diversas maneras en la vida familiar y en cada uno de sus miembros, desde el desánimo y la depresión hasta los desacuerdos, pasando por el truncamiento de su trayectoria académica y deportiva”.

La víctima recibió una cédula de notificación del Tribunal Superior de Justicia del DF, en relación con la causa penal número 197/2013, contra Salvador Nequis Andrade y Timoteo Matías Hernández, donde le comunican que el 22 de julio de 2014 se dictó “sentencia definitiva de cuatro diversos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa”.

Pero hay más pendientes.