Crónicas urbanas

La justicia, lenta y tortuosa

El 16 de enero de 2012, a las 8:30, Rebeca Ana María García Corona salió de la unidad habitacional Joyas de Vallejo, delegación Gustavo A. Madero, y se amoldó el casco blanco antes de montarse en su motocicleta Honda, tipo Bros NXR 150, color rojo, para luego enfilar hacia el trabajo, en Ciudad Satélite Estado de México, pero ya no regresaría con vida quien se destacara como defensora de los derechos de la mujer.

La motociclista, que iba a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora, giró sobre el carril derecho, dirección suroeste de la avenida Prolongación Radial Toltecas, colonia Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México; en ese momento, a la altura de la parada del centro comercial Soriana, un convoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense circulaba a gran velocidad.

Y ahí quedaría ella. 

La mujer, conocida como Little wing entre los clubes de motociclismo, sería arrollada por el último autobús, uno de la marca Freightliner, placas de circulación 08900, con 40 policías, que había invadido el carril central, “colisionando”, de acuerdo con la denuncia, “con el costado delantero derecho contra del costado posterior izquierdo de la motocicleta placas 4972-T…”

Esa maniobra, describe el documento, provocó que Rebeca se desplazara lateralmente y perdiera el control de la moto, “en una trayectoria con dirección al sur, volcándose sobre su costado izquierdo, lo cual provocó que la motocicleta cayera en el arroyo de circulación, anteponiendo el cuerpo de su conductora al paso del neumático delantero derecho del autobús, produciéndose de esta forma el atropellamiento…”

Sin embargo, “el conductor del camión no detuvo su marcha para asistir a la persona que había atropellado, ni ninguno de los 40 servidores públicos que se encontraban a bordo del mismo, causándole la muerte” a Rebeca, quien dirigía el club Motolatino, integrado por mujeres.

En su casa había quedado su compañero, Jorge Ulises Peña Medel, que en aquel momento valoraba si llevaba con el médico veterinario al perro de ambos, un Ganadero Australiano. Más tarde sería avisado de la tragedia. 

Y surgieron protestas de sus compañeros, una de éstas en el Zócalo capitalino, que exigían el esclarecimiento de lo ocurrido pues no aparecía el chofer del autobús, que era miembro del Agrupamiento de las Fuerzas de Apoyo y Reacción, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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El 6 de febrero de 2013, finalmente, dictaron sentencia condenatoria contra el acusado, Javier Téllez Díaz, “por el hecho delictuoso de homicidio ocasionado por culpa, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Rebeca Ana María García Corona”.

Los policías, “que son los que nos protegen”, dice el abogado Manuel Cervantes Hernández, “actuaron como cómplices,  pues escondieron el camión, lo llevaron a lavar, y tuvimos que presionar para que apareciera el responsable, después de tres o cuatro meses, aproximadamente”.

—¿Y el siguiente paso?

—De ahí se inició una carpeta de investigación; al final, en 2012, un proceso penal; ya llevaba como tres años de que se habían iniciado en el Estado de México los juicios orales en material penal.

—¿No se supone que deben ser rapidísimos?

—Pues… se supone, pero la realidad es otra: lo que pasó es que el juicio tardó dos años, al final se estableció una condena simbólica, ridícula, y el policía llevó el proceso en libertad; al final, tuvimos que iniciar un proceso civil…

—Pero hubo una indemnización…

—Fue ridícula: por el monto de 136 mil 502 pesos…

—Y se inconforman.

—Así es, mis clientes, familiares de Rebeca, en este caso su mamá, su concubino y su hermana, iniciaron un juicio, en la vía civil, por daño moral, el cual se radicó en el juzgado civil de Tlalnepantla.

—¿Y qué ha sucedido?

—Nos han puesto una serie de obstáculos complicados, que ya nos han llegado al hartazgo. Al inicio nos dijeron: cómo te atreves a demandar al Estado, por qué insistes en demandarlo. La ley marca un tiempo para dictar la sentencia y en lugar de dictarla en ese tiempo, decía uno de los magistrados: “Bueno, pues ahora me voy de incapacidad”, y el otro, “no, pues ahora voy a tomar un curso”, y así… 

—Todo este asunto está en Tlalnepantla.

—Sí, y ya se fijó una cantidad económica  para cada uno de los reclamantes, que es el señor Jorge Ulises Peña Medel, Ofelia Xóhilt  García Corona y Juana Corona Torres, pero el gobierno, que es nuestra contraparte en el juicio, se inconforma contra esa sentencia y están jugando a esconder el expediente, con el objeto de que nos aburramos, que desistamos, que lleguemos al hartazgo.

—¿Por qué cree que se demoran?         

—Porque son juez y parte en este proceso.

—¿O será por la cantidad que ustedes piden?

—Pues… no, mire, pedimos una cantidad económica que al final no se determinó, fue mucho menos, y esa es la misma pregunta que me hago: bueno, pues al final, si es la autoridad, si es un juez, es imparcial.

—Y cuánto se decidió.

—Mire: por cada uno de los reclamantes se pidieron diversas cantidades, en total 30 millones de pesos; al final se decidió, por cada uno de ellos, 2 millones 490 mil pesos. La cuestión radica en quién y cómo lo van a pagar, porque la sentencia está redactada de tal forma, y tan confusa, que ordena a los dos a que paguen; dice: se condena al gobierno del Estado de México y a la Comisión Estatal Ciudadana a pagar, en suma, 2 millones 490 mil pesos.

—Pero no pueden echarse la bolita, ¿o sí?

—Pues esperamos que no. ¿Por qué actuar así cuando una persona que lo único que hace es reclamar justicia ante los tribunales? ¿Por qué retrasarla? Lamentablemente estamos viviendo una situación donde parece que lo que realmente se hace es limosnear justicia.

***

Jorge Ulises Peña Medel dice que han pasado más de cinco años de aquel suceso, “la muerte de Rebe, y hasta la fecha no hemos obtenido mayor respuesta en materia de justicia de parte de la autoridad”. “Desde el momento que me enteré de la muerte ha sido un verdadero calvario tratar con las autoridades”.

—¿Cómo qué, por ejemplo?

—Desde el momento que el Ministerio Público nos ha puesto trabas, incluso para entregarnos el cuerpo de mi esposa.

—¿Qué pasó?

—De entrada, tardaron 8, 9 horas en entregarnos el cuerpo, y algunas inconsistencias en la investigación: me entregaron el casco, incluso con restos humanos de mi esposa. Eso formaba parte de la investigación.

—Y además el culpable huye.

—Sí, y cuando lo agarran nos enteramos por los medios de comunicación. Una nota que salió en una televisora al día siguiente. Y de ahí son vueltas y vueltas al Ministerio Público que está en Tlalnepantla, allá por La Quebrada.

—¿Y qué perciben como familiares?

—Que no les interesa a las autoridades hacer su trabajo. Están esperando el momento en que nos fastidiemos…

—Pero ustedes van a continuar.

—No nos queda de otra, pero ya basta de estar haciéndose patos.

El lugar donde perdió la vida Rebeca Ana María ha sido modificado con obras viales. Es la avenida Prolongación Radial Toltecas, en Tlalnepantla, una ruta sobre la que ella circulaba todas las mañanas rumbo a Ciudad Satélite. Trabajaba en una refaccionaria de motocicletas.