Así las cosas...

Otra vez, al rescate

La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general, con modificaciones y con 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención, la tercera minuta del Senado sobre las leyes secundarias energéticas. Avaló la expedición de las leyes de Pemex y la CFE que las convertirán en "empresas productivas del Estado" y gozarán de autogobierno en deuda y presupuesto.

Siguen caminando las leyes secundarias de la reforma energética. El tema y desacuerdo fueron los pasivos laborales hechos deuda del gobierno federal.

Estos pasivos eran un lastre en la paraestatal causados por una mala administración y, de cualquier forma, allá o acá, era una deuda pública. Tarde o temprano el gobierno tendría que salir a limpiar ese asunto porque a Pemex le iba a reventar.

En la nueva estructura de Pemex y CFE estorbaba esta situación para hacer de estas instituciones verdaderas empresas productivas del Estado, como está marcado en la reforma energética. Para muestra un botón.

Y un nuevo escándalo publican los diarios y que va relacionado con lo que hemos insistido en este espacio que son las malas administraciones pasadas de Pemex.

Resulta que el diputado priista y tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, operó, desde cuentas manejadas por él, recursos millonarios provenientes de Pemex para presuntamente enfrentar un pleito legal añejo en Texas, con la empresa Arriba Limited. Ésta demandó en 1986 al STPRM por incumplimiento de un contrato para venderle combustible, cuando por concesiones al sindicato podía comercializar productos de Pemex como si fuese de su propiedad. Hágame usted el favor, inadmisible.

Como parte del litigio, Arriba logró este mes que un juez congelara 40 millones de dólares que el gremio tiene en una cuenta de EU, ¿de dónde?, para así intentar cobrarse el adeudo. Ese dinero, que provenía de Pemex, había sido depositado por Aldana en noviembre de 2000 en Nueva York.

Abogados de Arriba Limited buscarán en todo el mundo cuentas y propiedades relacionadas con el Sindicato de Pemex para exigir una expropiación y cobrar la mega deuda por más de mil millones de dólares que reclaman.

Pemex y sus subsidiarias enfrentan nueve juicios de arbitraje, civiles, penales, agrarios, administrativos e inclusive litigios fiscales con el SAT, por un monto de 21 mil 725 millones de pesos, cuya resolución se encuentra pendiente. En tanto, la CFE tiene en su haber 28 mil 88 juicios y procedimientos administrativos, sin ofrecer detalle de los monto comprometidos.

Estos números no son precisamente reflejo de buenas administraciones y mucho menos de empresas productivas del Estado. Por desgracia nuevamente tiene el gobierno, el Estado mexicano, que salir al rescate de proyectos mal llevados y enmendar errores garrafales de malas administraciones. Otra vez.

Así las cosas, hasta pronto.