Así las cosas...

La nueva reforma...

La tan esperada Reforma Anticorrupción fue aprobada en el Senado de la República. Los legisladores por fin sacaron adelante esta reforma que forma parte del paquete inicial propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su gestión y que estaba atorada.

Los senadores finalmente la con algunas resistencias y protagonismos de panistas, en especial los Calderonistas, y de seis horas de discusiones. El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado con la modificación de 14 artículos de la Constitución. Fue aprobada con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. Con estos cambios se le dan mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano dependiente del Legislativo, para que sus auditorías sean en tiempo real, de inmediato y no meses después, que incluso haya concluido la gestión.

Las faltas graves serán relejadas de inmediato en el mismo año iscal y remitido a una fiscalía anticorrupción especializada en funcionarios públicos, que se encargará de investigarlos hasta 7 años después de haberse cometido los hechos. Objetivo, amarrarles las manos; el colmo.

Así suena muy bien, solo que ahora esta nueva ley tendrá que pasar por los congresos locales para poder modificar los 14 artículos de la Constitución y según las ONG's, y yo lo comparto, podría haber resistencias de los virreyes, es decir de los gobernadores, que tienen el control de sus respectivos congresos y que podría ahí detener el proceso. Veremos quiénes se mueven para agilizar la votación o de plano la bloquearla.

La creación de este sistema anticorrupción, que es el colmo y de pena ajena, es con la intención de parar, combatir y, lo deseable, extinguir la corrupción en nuestro país, que ha significado el retraso y la vergüenza nacional desde hace muchos años.

La reforma creará mecanismos para quitar bienes y fortunas a políticos corruptos culpables del delito de enriquecimiento ilícito. Obliga a los servidores públicos a entregar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, aunque no a hacerlas públicas. El primer objetivo son los servidores públicos y las normas con multas y sanciones a aquellas empresas y particulares que den mordidas, moches, o como quiera llamarle, para mover el engranaje de la burocracia que le cuesta al país el 10 por ciento del PIB con una cifra cercana a 32 mil millones de pesos. Significa 45 veces el presupuesto anual de la UNAM. Las cifras son de vergüenza. Bienvenida la ley. A trabajar para aplicarla. Ojalá.

Y ahora resulta que Ángel Aguirre Rivero, gobernador con licencia de Guerrero, exploró la posibilidad de regresar y al unísono todos le dieron el no y, no conforme, quiere imponer a su incondicional el senador Sofío Ramírez, primero como secretario de gobierno y luego como interino. Hoy se vence la licencia de Aguirre y sabremos el desenlace de esta maniobra, del verdadero responsable político de los hechos de iguala. Así las Cosas, hasta pronto.