Así las cosas...

El ecocidio…

La irresponsabilidad de industriales nuevamente aparece en Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico (sulfato de cobre) y metales pesados provenientes de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México que encabeza Germán Larrea en Cananea, es el caso en cuestión.

Este tipo de delitos deben de ser castigados ejemplarmente. Multa cuantiosa y cárcel al responsable. Sería deseable el cierre de la empresa pero esto sería directamente nocivo contra las familias que viven de esa empresa.

Durante años hemos sufrido con este tipo de problemas y no ha pasado nada, existe impunidad. Juan José Guerra Abud, secretario del ramo, tiene la palabra. La Profepa, brazo ejecutor presentó denuncia penal contra quien resulte responsable, veremos si existe alguno, que seguramente lo hay, pero que lo presenten es otra cosa.

El Grupo México, es el más fuerte y grande del país. Veremos si responde con responsabilidad y no saca los dientes para zafarse de sus acciones y mal mantenimiento de sus instalaciones, que fue lo que ocasionó este gravísimo derrame.

Por su parte la Red Mexicana de Afectados por la Minería afirmó que los efectos que sufriría el ecosistema de los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame se presentarán a largo plazo y de forma acumulable. La agrupación señaló que las autoridades actúan con tibieza ante la contaminación de dicho cauce en perjuicio de 22 mil habitantes de los municipios de Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arespe y la zona rural de Hermosillo.

La Profepa presentó ante la PGR una denuncia en contra del complejo minero Buenavista del Cobre, debido a "su presunta responsabilidad en el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, en el río Bacanuchi". Este juicio por Responsabilidad Ambiental —advirtió la Profepa en un comunicado— podría derivar en una multa por 40 millones de pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Veremos si se aplica.

En tanto los alcaldes de siete municipios afectados por el derrame pidieron ayuda al gobierno del estado para solicitar a la empresa una indemnización para los habitantes de sus poblados ya que el sulfato de cobre acidulado—precisó la Profepa— fue vertido en principio sobre un arroyo denominado Las Tinajas o Rastritas localizado aguas abajo y siguió una trayectoria de 89 kilómetros. Fueron detectados metales pesados altamente dañinos para la salud humana y animal y el medio ambiente tales como arsénico cadmio, aluminio, hierro, manganeso y níquel.

La empresa ofrece 3 mil quinientos millones de pesos para repartir entre los municipios. Los legisladores piden que la cierren. El asunto es muy grave y no deben las autoridades dejar que esto pase como si nada. La impunidad no debe imperar en este país.

Así las cosas, hasta la próxima.