Tecno empresa

Tarifa Cero, nada está escrito aún

Si no acostumbras revisar las ediciones impresas de los diarios, tal vez no viste ayer el impresionante desplegado de 21 empresas de telecomunicaciones en el cual hacen un llamado a “las autoridades competentes” para respaldar la política pública derivada de la pasada reforma al sector y, concretamente, a no declarar inconstitucional el inciso A del Artículo 131 de la actual ley.

Como sabes, este artículo prohíbe cobrar tarifas de interconexión al operador preponderante en telecomunicaciones en tanto permanezca con esa categoría, lo que se conoce como la Tarifa Cero. Uno de los argumentos más interesantes de los 21 firmantes y competidores del preponderante América Móvil (Telmex-Telcel) es que la Tarifa Cero “es una medida temporal” y “un incentivo para cambiar las prácticas comerciales del preponderante”, el cual tiene la opción de dejar de serlo en cualquier momento.

Además, los operadores móviles y fijos, incluido el operador de la Red Compartida Mayorista, solicitaron a la Corte que privilegiara el interés de millones de mexicanos que ya gozan de un servicio público con un precio más accesible y a aquellos que esperaban acceder al mismo en el corto plazo por encima de los intereses del operador que históricamente ha dominado el sector.

Los argumentos parecen ser interesantes, pero tal vez no para el ministro Javier Laynez, porque, de acuerdo con el proyecto de sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene en lista para su sesión del miércoles 16, propone amparar a Telcel en contra de la prohibición de cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras.

A simple vista parece una decisión salomónica, pues aunque exime a los operadores de un pago retroactivo a Telcel, el proyecto de sentencia del amparo en revisión 1100/2015, el cual pude revisar hace unas horas, declara inconstitucional el artículo 131, inciso A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, porque el Congreso de la Unión no estaba facultado para determinar medidas asimétricas entre operadoras y señala que, por mandato de los artículos 28 y octavo transitorio de la reforma constitucional, esa es una facultad que corresponde de manera original y exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Sin embargo, utilizando las mismas consideraciones del proyecto del ministro Laynez, el presidente de la Segunda Sala, Eduardo Medina Mora, junto con los ministros Peréz Dayán, Luna Ramos y Franco González Salas, podrían interpretar algo totalmente distinto y dar una conclusión diferente. Algunos abogados me explican que basta que los cuatro ministros coincidan en que el artículo Cuarto Transitorio de la reforma constitucional, que obligó al Congreso a emitir una ley convergente que regulara al sector, tiene un ámbito amplio y general y que, por ende, es jerárquicamente superior al artículo Octavo Transitorio del mismo decreto que se limitó a ordenar una serie de acciones concretas al órgano regulador, sin que éstas implicarán anular en forma alguna la facultad del Congreso. Sigue la tensión.

hugo.gonzalez@tecnoempresa.mx
Twitter: @hugogonzalez1