Con todo respeto

El “negrito” en el arroz de la Consulta Popular

Hace unas horas, y en el marco de las discusiones y debates por la Reforma Energética, además fue aprobada la Ley de Consulta Popular que podrá ser convocada por el Presidente, el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras o al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

La minuta turnada al Senado establece que el objetivo es regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo, declaración de resultados y promoción de participación social. En su caso, los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores de la Cámara de origen, con excepción de la consulta propuesta por la ciudadanía, en cuyo caso resolverá la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, no podrán ser objetos de consulta la restricción de derechos humanos reconocidos en la Constitución; los referentes a materia electoral, los presupuestales, de seguridad nacional y el funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Los legisladores integraron un artículo transitorio el cual precisa que por única ocasión los requisitos relativos a la intención y formato de firmas, no serán aplicables a las peticiones de consulta ciudadana que hayan sido presentadas al Congreso de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. En la nueva legislación no está prevista la consulta de la reformas constitucionales... lo que deja fuera de su alcance a la Reforma Energética, por citar un ejemplo cualquiera.

Según Manlio Fabio Beltrones, “lo que prevé la Ley de Consulta Popular es que, toda ley pueda ser consultada y pueda ser sujeta de la consulta pública. Reformas Constitucionales no están previstas en la misma. No obstante, creo que las consultas populares tienen que hacerse alrededor de preguntas específicas, que no implican, el que nosotros, digamos, que se modifique un artículo constitucional u otro”, dijo.

El documento especifica que la herramienta sirve para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, mediante el voto emitido, a expresar su opinión de uno o varios temas de trascendencia nacional. Así también, podrán someterse al escrutinio de la población los actos de carácter legislativo, los administrativos del Ejecutivo, siempre que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, impacte significativamente a la población; proponga la creación, eliminación de políticas públicas.

Fue así como con 431 votos de PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza y 36 en contra de PT y Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó la ley reglamentaria de la consulta popular.

Sin embargo, la nueva ley quedó tan acotada que así, sin poder someter a consulta la reforma energética y concediendo sólo el Ejecutivo federal tiempo en radio y televisión para promover sus peticiones de consulta, paradójicamente el PRD sumó su voto a los de PRI, PAN, PVEM y Panal para avalar la ley reglamentaria del 35 constitucional.

Alfonso Durazo, legislador por el Movimiento Ciudadano, votó en contra, argumentando lo siguiente: “La iniciativa tiene un nombre realmente seductor, ley de consulta popular. Sin embargo, con las deficiencias que tiene esta iniciativa realmente se limitan las posibilidades de convertirse en una auténtica consulta popular” (...) “En primer lugar, la oportunidad que debería de ser el corazón de esta iniciativa está ausente en el dictamen. Así, los peticionarios primero tienen que iniciar la declaratoria de procedibilidad; después, deben reunir 2 millones de firmas”.

Además, tienen que solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que no haya contradicción constitucional, y aparte está la calificación de los términos de trascendencia... ¿así o más fácil?

Aunado a ello debe consultarse al IFE sobre la veracidad de las firmas y el número de firmantes; enseguida, “la petición tiene que aprobarse en este pleno si ha lugar o no a la consulta y, finalmente, iniciarse todo el procedimiento” (...) “En realidad lo que se ha buscado con esta iniciativa es generar ante aquellos que tienen una lucha histórica por abrir espacios a la participación ciudadana, generar ante ellos la idea de que efectivamente se está cumpliendo con este requisito”, agregó Durazo.

Lo que está claro es que con esta ley se aceleró un procedimiento con el ánimo de responder a urgencias de coyuntura que tienen que ver con los acuerdos políticos para acomodar las piezas de tal manera que pudiera resultar aprobada oportunamente la reforma energética, y los perredistas lo aceptaron, probablemente creídos de que harán valer dicha ley a su favor, aunque sea tardíamente.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, afirmó que la batalla contra la reforma energética continúa, y se mostró confiado de que en 2015 la echarán abajo, con la aplicación de una consulta popular... lo que deja llenos de tranquilidad y de esperanza a muchos ciudadanos que, dicho sea de paso, esa era la última promesa que estaban esperando.