Con todo respeto

¿Y la clase media, apá?

Recientemente decíamos que, con base en la presentación de los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza, y a decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (CONEVAL) en México vive en pobreza el 45.5 por ciento de su población, que representan 53.3 millones de personas, que dicho sea de paso, representan: 500 mil más que a principios de esta misma década.

En contraste, y según se ha informado esta semana, en las últimas dos décadas la riqueza de los 16 mexicanos más acaudalados se quintuplicó. Y es que hace menos de dos décadas su fortuna ascendió a 25 mil 600 millones de dólares y para 2014 la cifra alcanzó 142 mil 900 millones.

Sin embargo, curiosamente la Constitución mexicana establece lo siguiente en su Artículo 1º: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

Aún cuando dicha redacción es de apenas junio de 2011, es evidente que hay un desfase respecto del contenido de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue promulgada en enero de 2004, lo cual implica también las siguientes consideraciones: La medición multidimensional de la pobreza parte del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, la cual establece nueve dimensiones obligatorias a ser consideradas por el Coneval: I. Ingreso corriente per cápita, II. Rezago educativo promedio en el hogar, III. Acceso a los servicios de salud, IV. Acceso a la seguridad social, V. Calidad y espacios de la vivienda, VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda, VII. Acceso a la alimentación, VIII. Grado de cohesión social, y IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Como puede verse, a pesar de que hace poco más de diez años estos elementos fueron considerados como los mínimos a medir, la concepción desde la cual se definieron ha quedado abiertamente rebasada por el nuevo paradigma constitucional. De tal forma que hay indicadores que deberían incorporarse y generar una nueva medición que dé cuenta de manera mucho más cercana a la realidad del drama que se vive en la mayoría del país.

Por ejemplo, ¿por qué no incorporar indicadores relativos a la victimización y la violencia? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con instrumentos que bien podrían ser utilizados, tales como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe, la cual se levanta anualmente y bien podría vincularse al Módulo de Condiciones Sociales (MCS) con base en el cual se mide la pobreza.

Por otro lado, ¿por qué no incorporar también los datos relativos a la mortalidad e incorporar como un “factor de sanción” de la medición de la pobreza, la presencia de causas de defunción catalogadas como “muertes en exceso evitables”?

¿Por qué no incluir otras mediciones síntesis de condiciones de marginación, pobreza y exclusión social, tales como la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil? Datos de enorme trascendencia para lo social, porque según el Inegi, en promedio mueren anualmente alrededor de 28 mil niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida, y según Unicef 75% de tales defunciones se genera precisamente por cinco causas estrictamente evitables.

Hasta ahora, la medición multidimensional de la pobreza se basa en indicadores construidos en registros de cobertura; entre los cuales los más notorios son el acceso a la salud o a servicios en la vivienda. Sin embargo, la medición no considera el acceso efectivo; es decir, hay personas afiliadas al Seguro Popular que prefieren acudir a servicios privados porque en sus clínicas no hay siquiera un baumanómetro, una báscula o un estetoscopio. Una visión apegada estrictamente al paradigma de los derechos humanos debería incluir como criterio de medición de la pobreza, la pérdida anual del poder adquisitivo de los salarios, pero también variables relativas a la calidad del empleo. Por ejemplo, no es lo mismo tener ingresos por arriba de la línea de la pobreza, laborando en lo informal, que tenerlos en el marco de un empleo que dé seguridad social.

Tampoco es lo mismo tener ingresos que garanticen no caer en pobreza, y aun prestaciones sociales, pero teniendo que laborar más de 40 horas semanales, que tener un empleo que se apegue a principios constitucionales relativos al trabajo digno. Sobre estos rubros la ENOE ofrece información que podría ser suficiente para ser incorporada a la medición oficial de la pobreza; que, una vez más, debería comenzar a exigirse que se transforme en una medición del cumplimiento de los derechos humanos. Así también, se dijo que los indicadores presentaron una reducción, con excepción del ingreso y de la seguridad social; ‘‘por eso la pobreza tiene un aumento entre 2010 y 2012’’.

El promedio de carencias que sufre la población pobre bajó de 2.6 a 2.4, y en la que vive en pobreza extrema de 3.8 a 3.7. Los datos que se presentaron incluyen el ajuste en el número de mexicanos, mismos que en el último lustro sumaban 114 millones y ahora son 117 millones.

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